Los
días 19 y 20 de mayo, ha tenido lugar en Bogotá, el Primer Foro
Financiero por la Paz convocado por la Unión Nacional de Empelados
Bancarios (UNEB), en sociedad con la CUT, Fenasibancol y UNI
Sindicato Global.
A
este importante evento, al que han asistido más de 500 personas,
acudió una importante delegación Internacional compuesta por los
principales sindicatos latinoamericanos y Servicios-CCOO.
Se
han escuchado los planteamientos de importantes personalidades de la
banca privada, el sector solidario, el sindicalismo y el Gobierno
Nacional, representado por el Ministro de Hacienda, Mauricio
Cárdenas, y la Ministra de Trabajo, Clara López.
Un
primer objetivo de este Foro, ha sido promover
entre el sector financiero un ambiente favorable hacia el proceso de
paz y la fase del post-acuerdo, buscando constituir
una mesa permanente de discusión con los banqueros,
a fin de construir una política financiera que oriente el ahorro
público hacia el logro de una paz integral y duradera, con inversión
productiva, trabajo decente y bienestar colectivo y familiar.
El
Foro se abrió con la ponencia de la UNEB, leída por su presidenta
Sofía Espinosa, que incluyó un análisis de coyuntura y una serie
de propuestas para construir una política pública financiera
democrática e incluyente, fundamentada en principios de justicia,
igualdad y solidaridad.
En
opinión de la UNEB, los agentes armados no son los únicos
responsables de la guerra y sus consecuencias. Entre los causantes
también se incluyen, entre otros, los grupos económicos locales y
transnacionales, en particular los expoliadores de los recursos
minero-energéticos, los latifundistas agropecuarios y los
propietarios del capital financiero.
De
acuerdo con el registro oficial de la Unidad para las Víctimas,
entre 1985-2015 el conflicto sumó 8 millones de víctimas, que
podrían llegar a 9 millones en 2021. El costo de su reparación se
estima en 16.667 millones de dólares.
El
proceso de ?financiarización?
iniciado en la década de 1970, potenciado por el modelo neoliberal
en los años 80 y consolidado durante la última década del siglo
XX, ha contribuido a encumbrar la violencia, a debilitar la tasa de
inversión productiva, a aumentar la inflación, el desempleo, la
precarización del mercado de trabajo y la flexibilidad laboral.
El
término ?financiarización? indica que la lógica financiera se
sobrepone a la lógica productiva en el proceso económico. El
ascenso del capital financiero como poder económico y político, es
paralelo a la pérdida de soberanía de los Estados nacionales.
Cuando el capital financiero entra a dominar la lógica del proceso
de acumulación de capital, tiene la tendencia a crear burbujas de
carácter especulativo.
Es
lo que sucedió en Colombia con la crisis de la deuda externa de
comienzos de la década de los 80 y las crisis de finales de los 90 y
en el 2008. El coste que implica la salida de estas crisis
financieras, lo pagan los trabajadores y la ciudadanía en general,
bien a través de la precarización del empleo, la caída en los
salarios, las regresivas reformas tributarias, los ajustes fiscales,
o el desvío de los impuestos para solventar al sistema financiero.
El
impacto de la ?financiarización?, desencadenó al finalizar el
siglo XX la peor crisis económica y social de la historia
contemporánea de Colombia, que amenazó la solvencia de la gran
mayoría de los establecimientos de crédito. En 1999 la dinámica
económica fue negativa (-4,3%), y la peor parte de esa crisis la
sintieron los deudores del sistema. El alza desmesurada de las tasas
de interés y la caída en los precios reales de las viviendas,
hicieron impagables las obligaciones de los deudores. Se estima que 3
millones de hogares colombianos, perdieron o vieron amenazada la
tenencia de su vivienda. El costo total de la crisis para el Gobierno
y la sociedad, significó 12,3 billones de pesos colombianos. En el
año 2015, el número de ciudadanos a los que el sistema financiero
les ha declarado muerte crediticia suma cerca de 5 millones.
La
?financiarización?, ha conducido también a que los ingresos del
trabajo progresen menos que las utilidades del capital; ha
obstaculizado la reducción de la pobreza y la exclusión, despojado
de sus viviendas a las clases populares y medias, animado la
corrupción, la especulación, la cultura mafiosa y el lavado de
activos, exacerbando los conflictos sociales, políticos, económicos
y ambientales, y, de manera continua, desequilibrado las finanzas
públicas y a la vez restando recursos a las políticas públicas de
carácter social.
Por
todo esto, se ve la corresponsabilidad del sistema financiero en el
conflicto colombiano. Por lo que no puede ser ajeno a las
preocupaciones y los retos orientados a lograr que las víctimas de
éste, conozcan la verdad de lo sucedido, reciban una reparación
integral, y la garantía de no repetición.
En
cuanto a las relaciones sociales de producción, la
?financiarización? ha extremado el conflicto capital-trabajo.
Actualmente el sector financiero colombiano concentra el 22,3% de la
riqueza producida socialmente, y ocupa sólo el 1,4% del total de
trabajadores del país (316.000 empleados). Los excedentes económicos
apropiados por el sistema financiero, suman 15 billones de pesos al
año. En contraste, el fondo salarial del sector, es de sólo 2,4
billones de pesos, o sea el 16,3% respecto a las utilidades del
capital financiero.
Por
otra parte, los síntomas de una nueva crisis económica y
financiera, ensombrecen el panorama actual. En 2015, la deuda pública
colombiana superó el 56% del PIB, debido a la desaceleración de la
economía mundial, la caída en los precios de las materias primas,
sobre todo del petróleo, y el alza de las tasas de interés de la
Reserva Federal de Estados Unidos. En este año la deuda del sector
público en general se incrementó 19,9%, ascendiendo a 453,2
billones de pesos.
La
paz no ocurre, se construye
La
UNEB ha agitado las banderas en pro de subordinar lo financiero a lo
productivo, para que el Estado cumpla su función reguladora tanto
de los flujos especulativos internacionales de capital, como del
sistema financiero en su conjunto, con el fin de conducir a una
utilización eficiente del ahorro en la inversión productiva, a
promover los sectores estratégicos que necesita el país.
Los
tiempos que transcurren son de esperanza. La ciudadanía colombiana
democrática, las organizaciones de los trabajadores y los
movimientos sociales, vienen promoviendo los principios de equidad y
de justicia social, como base de la nueva Colombia en paz.
Si
bien el proceso de negociación del Gobierno con las FARC en La
Habana es distinto del que se puede dar con el ELN, el acuerdo de paz
es uno sólo, y deberá ser refrendado por los colombianos. Es
necesario que el voto afirmativo supere ampliamente los umbrales
establecidos, sólo así tendrán legitimidad los acuerdos y será
posible una paz estable y duradera. No es suficiente la legalización
por mayoría simple.
Pero
la paz no ocurre, la paz se construye. El
fin del conflicto armado no es equivalente a la paz.
El proceso de construcción de la paz, está unido a la
transformación estructural y sostenible de los territorios del país,
con reformas incluyentes, democráticas y respetuosas de los derechos
humanos. Esta dinámica, posiblemente conduzca a la sociedad
colombiana a convocar una nueva Asamblea Constituyente, que dará la
oportunidad de debatir, diseñar y aprobar democráticamente una
nueva política financiera funcional a una paz estable y duradera.
El
proceso a seguir debe orientarse desde abajo, legitimado en asambleas
populares constituyentes que definan con autonomía, inclusión y
democracia el modelo de desarrollo que la ciudadanía quiera y
considere necesario para consolidarse como ?territorios de paz?.
Se
van a necesitar grandes recursos económicos y humanos, pero también
está el reto de generar capacidad de financiación y gestión de
procesos productivos en los territorios afectados por el conflicto.
Por tal razón, la UNEB promueve cambios en el sistema financiero,
acordes con el nuevo país que se atisba y, en particular, fortalecer
la economía solidaria y la implementación de líneas de crédito
para la paz.
Sumando
el monto necesario para la reparación de las víctimas (16.667
millones de dólares) y el dinero requerido para implementar los
acuerdos para la paz (44.000 millones de dólares), Colombia necesita
60.667 millones de dólares; suma que los dueños del capital
financiero pueden ayudar a gestionar, costear y subsidiar. Es un
imperativo moral y un acto de reparación por su responsabilidad en
el conflicto del último medio siglo.
La
Paz es un buen negocio para todos.
Es
un buen negocio para el Gobierno, empresarios, sector financiero,
economía solidaria, insurgencias, pobladores de los ?territorios
de paz? y ciudadanía colombiana en general.
El
desafío principal, será acortar al máximo el tiempo entre la firma
de la paz y la aplicación de las medidas pactadas; un proceso que
necesitará una fuerte inyección de capital. Para ello se buscará
que la cooperación financiera internacional llegue a los 3.000
millones de dólares, en un plazo no mayor a 5 años. Esa ayuda, será
canalizada a través del ?Fondo
Colombia en Paz?,
encabezado por el ministro del post-conflicto, Rafael Pardo.
Actualmente
el Fondo cuenta con 5 fuentes: el Plan Paz Colombia financiado por
USAID; el Fondo fiduciario ?Para el Postconflicto?, de Naciones
Unidas; el Fondo Fiduciario para la Paz, de la Unión Europea; el
Fondo Multidonantes ?Para la paz y el postconflicto? del Banco
Mundial; y el Fondo fiduciario ?Colombia sostenible?, del BID.
Entre las distintas fuentes que van a apoyar el proceso, los recursos
del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, operan
bajo la figura de créditos reembolsables.
El
sector
cooperativo y solidario,
debe ser fundamental para apoyar, orientar y consolidar el tránsito
de las insurgencias a la vida legal, integrando la acción política,
económica, social, cultural y ambiental en los ?territorios de
paz?, bajo formas empresariales de la economía cooperativa y
solidaria, articuladas en redes y cadenas de financiación,
producción, distribución, intercambio y consumo, que las
insurgencias y los pobladores territoriales podrán dar soluciones
productivas y sostenibles a las necesidades vitales que surgirán en
la implementación de los acuerdos firmados por el Gobierno y la
insurgencia.
Un
reciente estudio elaborado por el Departamento Nacional de
Planeación, señala que los países que han estado en conflicto y
han adelantado procesos de paz, tienden a registrar una aceleración
anual en su tasa de crecimiento entre 1,1% y 1,9%.
Esto es porque el beneficio económico más importante de un proceso
de paz es la confianza, y de la mano de ésta viene la inversión
privada. Una mayor inversión conduce a tasas de crecimiento
económico más elevadas, y por consiguiente a una mayor demanda de
empleo, a un mayor nivel de consumo de los hogares y mayor bienestar
social.
De
darse el impacto de esta magnitud, el
incremento del PIB podría alcanzar hasta un 6% anual
al adicionar los dividendos que la paz trae consigo. Por efectos
sinérgicos, un sistema de financiamiento ?virtuoso?, potenciará
y hará sostenible e inclusivo el buen ?negocio? de la paz.
El
aporte de los trabajadores bancarios
Los
enemigos de la paz, las amenazas y los riesgos, generan
incertidumbres crecientes sobre el éxito del proceso. Entre el
Gobierno y las FARC quedan todavía puntos cruciales y de
contradicción por negociar, debido al enfoque que les dan cada una
de las partes.
La
UNEB, sigue apostando a la solución política negociada del
conflicto interno para lograr una Colombia libre de guerra. Para que
a partir del silenciamiento de los fusiles, se abra paso a un proceso
en el que se pueda seguir allanando el camino de una paz estable y
duradera, con derechos humanos garantizados, equidad social, justicia
y democracia, en un marco de desarrollo sostenible.
Este
propósito requiere un proceso de unidad, organización, conciencia y
lucha por parte de los trabajadores del sector financiero. Éstos
pueden aportar y hacer parte de una robusta campaña de pedagogía
por la paz, que logre crear un ambiente favorable para la
refrendación popular de los acuerdos y su materialización en la
fase del post-acuerdo.