En
el día de hoy se ha celebrado Asamblea de delegados y delegadas de
los sectores del comercio y la hostelería de la provincia de Málaga,
con la asistencia de más de 200 representantes sindicales, que han
analizado temas relacionados con sus sectores, como el formidable
balance turístico 2014 que ha tenido nuestra provincia, así como
la revisión salarial del 1% para los trabajadores de la hostelería
para el año 2015, producto de la firma del Convenio Provincial de
Hostelería, que se negoció el año pasado. También se habló e
informó sobre la próxima constitución de la Mesa Negociadora del
Convenio para el sector del Comercio.
En
la reunión también se ha informado que el próximo día 3 de
Febrero, a las 11 de la mañana, se celebra juicio en el Juzgado de
lo Penal nº 4, en la Ciudad de la Justicia de Málaga, contra la
compañera Lola Villalba, Secretaria General del Sindicato Provincial
de Servicios y contra Gonzalo Fuentes, adjunto a la Secretaría
General de la Federación de Andalucía y Secretario de Política
Institucional de la Federación Estatal de Servicios.
En
este sentido, los asistentes han mostrado su apoyo y solidaridad a
los compañeros, dirigentes de CCOO de Hostelería, con décadas de
implicación y trabajo en la defensa de los derechos de la gente y de
la lucha por las libertades en nuestra tierra, y que han sido
imputados por el simple hecho de que, aún actuando siempre desde la
corrección de las formas, son conocidos y visibles porque no se
esconden. Por ello, estaremos el 3 de febrero junto a Lola y Gonzalo
y, por ello, hacemos un llamamiento para que se acuda a la
convocatoria de este juicio en apoyo a dos personas que han sido
elegidas como víctimas propicias en esta ocasión, pero que forman
parte de una lotería que le puede tocar a cualquiera de quienes
vivimos de nuestro trabajo y queremos defender nuestros derechos.
Los
delegados y delegadas reunidos en asamblea, manifiesta
al respecto, que el ?hecho delictivo? que se les imputa es única
y exclusivamente su participación, junto a cientos de compañeros y
compañeras, en un piquete en la Huelga General del 14 de Noviembre
de 2012. Un hecho por el que, en este juicio, se piden 3 años y 6
meses de cárcel para Lola y 3 años y 6 meses de cárcel para
Gonzalo, lo que equivale a que pidiesen 3 años y medio de cárcel
para todos y cada uno de nosotros y nosotras, y para los miles de
trabajadores y trabajadoras que participaron en las huelgas
convocadas en toda España para protestar contra las reformas
laborales del Gobierno que, como se denunciaba en las movilizaciones
y el tiempo ha demostrado, lo que perseguían era abaratar salarios,
precarizar el empleo y eliminar derechos sociales y laborales,
reformas que solo han servido para cumplir ?instrucciones externas?
y en beneficio de las grandes corporaciones y sus cúpulas.
Lo
que pasó en la madrugada del 14 de Noviembre en el centro de la
capital malagueña, lo mismo que ocurrió en todas las ciudades y
pueblos de España, fue concentrarse en la Plaza de la Marina de la
capital malagueña, unas 300 personas con el objetivo de informar, de
requerir a otros trabajadores la adhesión a la huelga y a
participar, dentro de un marco legal. En ese sentido la intervención
de los dos responsables sindicales fue de informar, de manera
correcta y educada, a los encargados de los diversos
establecimientos. Apenas hizo falta porque la inmensa mayoría
estaban cerrados por motivo de la huelga legal. De lo pocos locales
abiertos, uno de ellos era un local de hostelería que se denomina
ZZPUB, donde el propio encargado del establecimiento manifestó que
nada más que concluyeran la música en directo que se tocaba en el
referido local iba a cerrar, a partir de ahí nos marchamos.
Posteriormente, nos llamaron por teléfono móvil y nos manifestaron
que en la puerta de ZZPUB había habido un altercado, en ese sentido
nos personamos, el local estaba cerrado y dentro había una persona
detenida, tras una conversación con los responsables de la policía,
al detenido se lo llevaron a comisaría y las personas que formamos
parte del piquete informativo nos marchamos. Lógicamente, al día
siguiente salimos fotografiados en los medios de comunicación, por
ello aparecemos citados en proceso judicial, por la denuncia de un
trabajador de ZZPUB que nos reconoció por la foto que apareció en
los medios.
Estamos
asistiendo a una criminalización indecente y regresiva de la lucha
obrera y la protesta social, a través de la reforma que ha iniciado
el Gobierno apresurando la aprobación de la Ley de Seguridad
Ciudadana y la reforma del Código Penal. Ambas reformas incorporan
nuevas restricciones al ejercicio de derechos democráticos y
libertades civiles y dan continuidad a la ofensiva contra el derecho
de huelga que han llevado a encausar a trabajadores y representantes
sindicales por la defensa colectiva de nuestras reivindicaciones.
El
régimen cada vez se parece más a una dictadura franquista que a una
democracia social avanzada, y actúa justamente contra quienes
defienden la soberanía de este pueblo y de este país, frente al
poder del capital y de la Troika. Se persigue y criminaliza a quienes
defienden los derechos y libertades conquistados en la Transición a
través de una lucha que, si entonces fue justa, ahora lo es aún
más. Y se hace desde la indecencia de pretender privar de libertad a
quienes simplemente ejercen su derecho de manifestación y huelga, en
un país en el que muy pocos de los responsables del latrocinio
cometido han pagado por ello. Es una paradoja repugnante que haya 300
personas con petición de cárcel por el ejercicio del derecho de
huelga en un país en el que no pocos grandes banqueros, dirigentes
empresariales y otros actores disfrutan no solo de su libertad sino
de las ganancias obtenidas por medios, como poco, dudosamente éticos.