Sobre la celebración en Barcelona, del 2 al 4 de mayo, de una cumbre del Banco Central
Europeo (BCE), la ciudadanía española conoce que se va a suspender durante una semana
el Tratado de Schenguen, restableciendo los controles policiales en la frontera, y que el
Ministerio del Interior va a reforzar a los mozos de escuadra con el envío a Barcelona de
2.000 policías nacionales y guardias civiles. Y poco más.
Es un buen ejemplo de alguna de las razones que motivan el creciente y profundo
desprestigio que las instituciones europeas tienen entre los ciudadanos de nuestro
continente, en particular en nuestro país.
Existen sobrados motivos para protestar por las políticas del BCE y sus repercusiones en la
economía y la sociedad españolas. Pero, UGT y CC OO consideran que sólo son legítimas y
útiles aquellas manifestaciones de protesta que se desarrollen de forma pacífica.
El BCE es responsable, junto con la Comisión y el Consejo europeos, de las políticas de
austeridad, recortes presupuestarios y reformas estructurales sobre las que, al cabo de dos
años de su impulso y aplicación, se puede hacer ya un desolador balance. No han
conseguido ninguno de los dos objetivos que, oficialmente, las justificaron: resolver la crisis
de las deudas soberanas, permitiendo a todos los Estados de la UE pagar unos intereses
razonables en sus emisiones de deuda pública, y reducir drástica y velozmente los niveles
de déficit público.
Y, sin embargo, si han conseguido, en numerosos países europeos, en particular en
España, los siguientes efectos: recaída en la recesión, aumento del número de
desempleados –casi 25 millones en la UE; 5,6 millones, el 24,4% de la población activa en
España-, y aumento sustancial de la pobreza, la desigualdad social y la economía informal.
Para culminarlo, los gobiernos europeos, orientados u obligados por las instituciones de la
UE –entre ellas el BCE- están realizando los mayores recortes de derechos sociales y
laborales que se han conocido en Europa desde el final de la 2a Guerra Mundial.
Difícilmente unas políticas pueden presentar un balance tan negativo, al combinar tan altos
grados de fracaso e injusticia. El BCE es muy responsable de ellas.
Las consecuencias políticas de esta situación son sumamente peligrosas para el futuro de la
UE. Lo que están logrando las instituciones europeas, entre ellas el BCE, es poner en
peligro la propia existencia de la UE. Deben de ser conscientes de que el Pacto social sobre
el que se edificaron los Estados de bienestar europeos y la propia UE, está roto o
seriamente deteriorado.
El diagnóstico sobre el fracaso de la política europea es tan ampliamente compartido que,
en los últimos días, varios responsables políticos europeos, entre ellos el propio presidente
del BCE, Mario Dragui, han emitido declaraciones diciendo que había que ocuparse del
problema del crecimiento económico, incluso convocando una cumbre del Consejo sobre el
tema. ¡Al cabo de dos años de tener al crecimiento y al empleo en el más absoluto de los
olvidos!
A la vista de las declaraciones sobre la cumbre del crecimiento emitidas por los máximos
responsables del gobierno alemán, el único poder político real en Europa, en el sentido de
que las políticas de austeridad y equilibrio fiscal y el Nuevo Tratado son intocables, se hace
difícil pensar que en dicha cumbre, si se celebra, se vaya más allá de la retórica sobre el
crecimiento y el empleo. En todo caso, los responsables políticos europeos se hacen eco, a
su manera, de una exigencia que la Confederación Europea de Sindicatos (CES) viene
formulando desde hace dos años. Tienen que ser muy conscientes de que la ciudadanía de
los Estados de la Unión difícilmente va a perdonar, en el momento actual de la larga crisis
que padecemos, una nueva cumbre hecha sólo de humo y palabras, como tantas otras que
han tenido que padecer en los últimos años.
Los asistentes a la Cumbre del BCE de Barcelona deben saber que los trabajadores
españoles no van a olvidar fácilmente como el BCE obligó a cambiar, en agosto de 2011, la
Constitución Española, fruto de un consenso histórico, con nocturnidad y alevosía, en sólo
quince días. Tampoco que el cambio fuera para constitucionalizar la obligación de hacer
cero el déficit público, cosa que los sindicatos españoles y europeos rechazamos
firmemente. Porque es sumamente inconveniente atar de pies y manos a los gobiernos,
impidiendo que adopten medidas anticíclicas en los momentos de crisis. Es solamente la
expresión de la ideología más conservadora en materia de economía política.
Por último, es bueno recordar, a la ciudadanía española, como el presidente del BCE, Mario
Dragui, es posiblemente uno de los mayores ejemplos de colusión entre los intereses
privados y las instituciones públicas en detrimento de los ciudadanos. Bastaría recordar que
fue vicepresidente de Goldman Sachs para Europa, entre 2002 y 2006, cuando este banco
norteamericano inundaba el mundo, y buena parte de la banca europea, con los peores
productos financieros tóxicos que motivaron el estallido de la más grave crisis financiera
desde la de 1929. Al mismo tiempo, Goldman Sachs diseñaba para el Gobierno del
conservador Constantinos Mitsotakis, a cambio de una cuantiosa remuneración, la
falsificación de las cuentas públicas de Grecia. Esta falsificación fue una de las causas de la
crisis de la deuda griega, que está en el origen de nuestros males actuales. Está claro que la
trayectoria de Mario Dragui es el mejor ejemplo de la inexistencia del concepto de
responsabilidad política o moral en el mundo de las finanzas y de la política europea.
30 de marzo de 2012