En julio de 2008 el gobierno presento un proyecto de ley por la que se regula la contratación con los consumidores de préstamos o créditos hipotecarios y de servicios de intermediación para la celebración de contratos de préstamo o crédito. En
el trámite parlamentario incorporamos enmiendas pero nuestras
iniciativas no prosperaron por la oposición
frontal del PSOE.
En
el trámite parlamentario incorporamos enmiendas
en colaboración y por medio de Izquierda
Unida al objeto de que las actividades de los agentes
financieros estuvieran ubicadas funcionalmente dentro
de los estamentos financieros de crédito
y supervisadas por el Banco de España.
El
trámite concluyo en marzo de 2009 y nuestras
iniciativas no prosperaron por la oposición
frontal del PSOE.
Nuestra
propuesta para que las actividades de los intermediarios
financieros estuvieran supervisadas por el Banco
de España, incorporaba control y transparencia
a la par que aportaba seguridad a quienes contratasen
sus servicios.
La
intermediación financiera prolifero en los
años del auge de la construcción inmobiliaria,
en muchos casos estos servicios fueron ofertados
por las propias inmobiliarias como parte de sus
operaciones de compra-venta, de tal forma que muchos
particulares, aun sin pretenderlo, pasaron a la
condición de clientes de dichos intermediarios.
Con
la crisis no se ha tardado mucho en poner de manifiesto,
junto a la sobrevaloración de los inmuebles,
importantes irregularidades con el objeto de eludir
el control de riesgos.
Así
se procedía a agrupar varias personas para
solicitar dos o tres créditos de forma simultanea
en entidades distintas, al objeto de eludir el registro
de la Central de Información de Riesgos del
Banco de España (CIRBE), un registro donde
los bancos y las cajas envían toda la información
crediticia de sus clientes. Gracias a él,
el supervisor y las propias entidades deberían
poder detectar operaciones de crédito de
alto riesgo, con grandes probabilidades de impago.
Las entidades envían los datos de sus clientes
una vez al mes. Se trataba de que el CIRBE no detectara
que se estaba concediendo una hipoteca a alguien
que ya tenía otra.
La
practica anterior, en muchos casos se complementaba
con avales encadenados o cruzados entre desconocidos
que únicamente tenían en común
su interés por comprar un piso.
Por
todo ello, el intermediario financiero cobraba importantes
comisiones a la vez que se ocupaba de los trámites
para abrir cuentas, tasaciones, notarias, aseguradoras
y gestorías, coordinando y sincronizando
la materialización de los créditos
con los bancos, lo que apunta importantes indicios
del conocimiento de los hechos por parte de las
entidades financieras intervinientes.
Con
el aumento del desempleo, la imposibilidad de continuar
pagando los créditos precipito los desahucios
por impago, pero esto es solo el principio y una
parte del problema. La gran diferencia de valoración
respecto a la tasación original deja a los
hipotecados con una deuda con los bancos que les
acompañara toda su vida.
Frente
a esta situación, en los últimos meses
desde distintos ámbitos sociales y políticos
se ha planteado la necesidad de modificar la ley
hipotecaria para que esta contemple la «dación
en pago», de tal forma que sólo el bien
hipotecado, la vivienda, sirva para responder como
garantía del pago del crédito hipotecario
concedido, sin que los afectados tengan que responder
a los bancos de por vida además de que se
les embargue la vivienda.
Esta
posibilidad fue rechazada tajantemente por el ministro
de Fomento, el pasado 2 de diciembre, argumentado
que la misma pondría en dificultades el sistema
financiero.
Entre
los afectados por las ejecuciones hipotecarias,
50.000 en el primer semestre del año, destacan
por las prácticas abusivas ya contrastadas,
el colectivo de inmigrantes victimas del fraude
hipotecario.
Algunos
de ellos, cinco familias, agrupados en torno a la
CONADDE (Coordinadora Nacional de Ecuatorianos en
España) presentaron el pasado día
30 de noviembre una denuncia por estafa contra el
intermediario financiero, solicitando la nulidad
de las operaciones derivadas de la estafa y subsidiariamente
que las mismas queden en suspenso, de igual forma,
se pretende que los bancos sean declaramos responsables
subsidiarios. Posiblemente se presentaran nuevas
demandas ya que existen 220 hipotecas en análisis.
Desde
COMFIA-CC.OO. seguimos con interés el conflicto
abierto que puede representar un cambio importante
en la manera de proceder ante situaciones como las
descritas y mantenemos un dialogo fluido con los
responsables de dichas iniciativas, del desarrollo
de las mismas os mantendremos puntualmente informados.
COMFIA CCOO Secretaría Relaciones Institucionales