Uno de los asuntos a
los que más tiempo ha dedicado el futuro
presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, desde que ganó las elecciones
ha
sido el estado del sector financiero. Más concretamente, cómo
acometer
su reconversión y si esta debe incluir la creación de lo que se ha
dado
en llamar banco malo, una entidad que con garantía o recursos públicos
asuma la propiedad de los activos inmobiliarios invendibles o
adjudicados a causa de la morosidad (en gran parte suelo)
que ahora
están en el balance de los bancos y que constituyen el principal lastre
de las entidades financieras, la causa de la gran desconfianza de los
inversores hacia su salud. Es un expediente de enorme trascendencia, pues tiene consecuencias
sobre las grandes claves de la política económica, las futuras emisiones
de deuda y el cumplimiento de los objetivos de déficit, así como sobre
la imagen pública del futuro gobierno, que no quiere ser acusado de que
rescata a los bancos con dinero público mientras se ve obligado a
aplicar duras políticas de ajuste.
09-12-2011 –
De momento Rajoy no
se ha pronunciado públicamente sobre este asunto, ni sobre ningún otro,
desde que ganó las elecciones, pero las fuentes consultadas aseguran que
sigue sin ver clara la propuesta del banco malo, tal como ya explicó en
la recta final de la campaña electoral. Algunos asesores económicos del
futuro presidente recuerdan que es un asunto que no se puede acometer
precipitadamente; en primer lugar, se debe calibrar su impacto
económico, «¿50.000 o 70.000 millones de euros?, ¿cuál sería la cifra la
operación? Esta es la primera premisa que despejar», señala uno de los
consejeros. Además, «cualquier aportación o implicación del sector
público debería ir acompañada de importantes medidas de control del
funcionamiento de las entidades beneficiadas, desde las remuneraciones
de los ejecutivos hasta el reparto de dividendos».
Todos los grandes banqueros españoles han explicado a Rajoy su punto
de vista con posterioridad a los comicios. Pero no todos ven las cosas
de la misma manera. De las explicaciones de unos y otros se puede
deducir que Rodrigo Rato, el presidente de Bankia, es el gran abanderado
del modelo más próximo a la definición canónica del banco malo. Según
su propuesta, las entidades venderían sus activos dañados al banco malo y
este emitiría deuda con la garantía del Estado. En ese caso, bancos y
cajas podrían acudir al BCE y utilizar esos títulos con aval como
garantía para obtener liquidez. Los defensores de la idea sostienen que,
además de solventar el problema del balance bancario, serviría para
darle más liquidez.
Pese a ello, de momento, parece tener pocas posibilidades de
prosperar en su actual diseño. El problema: su impacto sobre el
endeudamiento público y el déficit, el gran reto que ha asumido Rajoy en
sus negociaciones con Europa y, en especial, con la canciller alemana
Angela Merkel. Todo apunta a que el cumplimiento de esos objetivos
llevará al nuevo gobierno a ejecutar un recorte de más de 40.000
millones el año próximo y cualquier incremento por otras vías del
endeudamiento público puede comportar una penalización insostenible.
Los grandes banqueros, encabezados por Emilio Botín (Santander) y
Francisco González (BBVA), son quienes más reacios se han mostrado a
esas propuestas. Se consideran los menos afectados por la morosidad
inmobiliaria y además también son los que más dotaciones han realizado.
Isidre Fainé (La Caixa) comparte parte de la argumentación de los dos
anteriores, aunque postula una modalidad minimalista de banco malo,
dedicada sólo al suelo. En una posición intermedia se sitúa Ángel Ron
(Popular), hombre próximo personalmente a Rajoy, al igual que González,
los tres gallegos. Ron defiende que el banco malo no sea obligatorio
para todas las entidades y que debería concentrarse en aquellas
entidades que ya han sido nacionalizadas por el FROB, el fondo del
Estado, o que han recibido créditos del mismo, lo que implicaría un
mayor control público sobre las entidades dejando al resto al margen.
Ron defiende que ese esquema permite diferenciar buenas y malas
gestiones.
En otras posiciones se encuentran banqueros como Josep Oliu
(Sabadell), a quien se considera partidario de una modalidad que no
implica necesariamente la creación de un banco malo pero que permitiría
que el Estado contribuyera a sanear los activos del sector. Los bancos
asumirían de entrada una pérdida, la diferencia entre el valor contable
del activo y el que se considere de mercado, y, en una segunda fase, el
Estado y el banco asumirían un nuevo descuento o pérdida adicional en
función de las ofertas de futuros compradores.
El último en terciar públicamente en el debate ha sido el gobernador
del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que se ha mostrado
partidario, aunque no ha definido cuál es su modalidad preferida.
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