El Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria (FROB) encargará un análisis de todas aquellas
operaciones supuestamente irregulares que se hayan podido llevar a cabo en las
entidades ahora controladas por el Estado, es decir, Bankia,
CatalunyaBanc, Novagalicia y BMN.
Para ello, el Fondo ha activado un protocolo de detección de las operaciones
realizadas en los últimos cinco años que podrían ser sospechosas y ya trabaja
con los servicios de auditoría interna de las cuatro entidades, han desvelado a
Efe fuentes del organismo.
El FROB remitió una carta a los presidentes de Bankia, CatalunyaBanc,
Novagalicia y BMN para que iniciaran los trabajos de localización de
estas operaciones, proporcionándoles, a raíz de la «experiencia»
adquirida en otros casos, una tipología de maniobras supuestamente
irregulares.
A partir de ahí, la unidad de auditoría interna de las propias
entidades elabora un listado en detalle de esos movimientos, que
pasará posteriormente por la Comisión Rectora del FROB.
En los casos en los que el Fondo lo crea necesario, contratará un
‘consultor forensic’ para que analice determinadas operaciones antes de decidir
si llevarlas o no ante un juez, a quien «no se puede ir con
pruebas etéreas, sino muy documentadas e indicios muy claros de que ha habido
una operación irregular», añaden las mismas fuentes.
A los tribunalesz
No sería la primera vez que el FROB acude a los tribunales, donde ha
denunciado, por ejemplo, a la
antigua cúpula del Banco de Valencia, entre ellos a su expresidente José
Luis Olivas, y a varios
empresarios en ocho acciones emprendidas en la Audiencia Nacional.
Hasta la fecha, el titular del Juzgado Central número 1, Santiago
Pedraz, que instruye todas ellas además de la interpuesta por la Asociación de Pequeños
Accionistas del Banco de Valencia (Apabankval), investiga por distintas
operaciones supuestamente fraudulentas a 41 personas físicas y a otras
18 personas jurídicas.
El FROB actúa también en la Audiencia Nacional contra
los exresponsables de la CAM, entre ellos su expresidente Modesto
Crespo y los exdirectores generales María Dolores Amorósy Roberto López Abad, a los que el magistrado Javier
Gómez Bermúdez ha impuesto una fianza de 35 millones de euros.
Paralelamente a estas acciones en las que
el FROB vigila con lupa las operaciones de las entidades, el Instituto
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) inspecciona las auditorías
realizadas a los grupos nacionalizados, lo que ha costado a Deloittey su socio Francisco Celma un expediente
administrativo por su trabajo en las cuentas de la salida a bolsa de Bankia. 