Vía real decreto y en último extremo con nacionalizaciones:
el Estado al rescate de la banca. Más de mil días después del inicio de
la crisis, el Gobierno se ha visto obligado este lunes a dar una nueva
vuelta de tuerca a la reforma financiera a causa de la combinación de
dudas y desconfianza en la que vive sumido el sistema bancario, y en
particular las cajas de ahorros, muy castigadas por el reventón de una
de las mayores burbujas inmobiliarias del mundo. El sector público
pilotará una reforma que eleva de forma inmediata el capital mínimo
exigido a bancos y cajas para reforzar su solvencia, y en última instancia se convertirá en accionista de las entidades más castigadas.
25-01-2011 –
La recapitalización necesaria no superará los 20.000 millones de
euros, según el Gobierno. El Ejecutivo quiere que el sector busque ese
dinero por sus propios medios: si no lo consigue -y eso es poco probable
en algunos casos-, inyectará dinero público a través del fondo de rescate (el FROB) de forma temporal, con un plazo máximo de cinco años, y siempre que las
entidades con problemas sean o se hayan transformado en bancos.
Eso, en román paladino, es abrir la puerta a una posible nacionalización (aunque sea parcial y temporal), un camino que EE UU, Reino Unido y otros países emprendieron al inicio de la crisis y que España se ve obligada a
recorrer ahora, ante la constatación de que la confianza en la economía
española depende estrechamente de la confianza en el sistema financiero,
y de que ambas están en horas bajas. Las nacionalizaciones, en todo
caso, afectarían a un número «muy limitado» de entidades, dijo el
presidente José Luis Rodríguez Zapatero en una entrevista a Veo 7.
Exigencias del mercado
De nuevo, los mercados y sus exigencias están tras esa decisión. En mayo, el ataque a la deuda pública de la eurozona obligó al Gobierno a presentar un plan de austeridad digno de una posguerra. Los ataques no cesaron y explican el posterior acelerón en las reformas del Gobierno: primero fue la laboral (que provocó una huelga general), y ahora la de las pensiones y la financiera, esta última a través de un real decreto que estará listo en febrero.
La versión española de la crisis ha generado sus particulares activos
tóxicos: los mercados desconfían de la exposición de la banca al sector
inmobiliario. «Para restaurar la confianza de los mercados -dijo la
vicepresidenta Elena Salgado en una multitudinaria comparecencia ante la
prensa, convocada con apenas unas horas de antelación-, España refuerza
los requerimientos de capital, adelantándose a los requisitos
internacionales para 2013».
El Ejecutivo quiere vencer las reticencias de los inversores sobre la
salud del sistema financiero dejando que la burbuja inmobiliaria siga
deshinchándose por sí sola, pero a cambio exigiendo más capital a las
entidades que en su día se empacharon de crédito. Se establece de forma
inmediata un capital mínimo del 8% de los activos, que será superior
«para las que no cotizan ni tienen presencia de inversores privados y
con mayor dependencia [un peso del 20% de la financiación] de los
mercados mayoristas», afirmó Salgado. A pesar de las palabras de la
ministra, ese 8% está por encima de las exigencias futuras de la
normativa internacional (Basilea III), pero en línea con lo que demandan
los mercados.
Los plazos son fundamentales. El decreto ley verá la luz a lo largo
de febrero. Y las cajas pueden presentar sus cuentas de resultados a
finales de ese mes: será entonces cuando el Banco de España dé a conocer
las que incumplen los requerimientos mínimos de capital. Las entidades
que no alcancen ese nivel de exigencia -sobre las cifras de activos de
cierre de 2010, para evitar que restrinjan el crédito- dispondrán de
plazo hasta otoño para captar en el mercado los recursos necesarios. El
grupo liderado por Caja Madrid, las fusiones regionales de Galicia,
Cataluña y Castilla y León, además de Bankinter, son en estos momentos
los incumplidores, según los últimos datos disponibles.
Mercados inaccesibles
El problema es que en estos momentos los mercados están cerrados bajo
siete llaves para las entidades españolas. Si el sector no encuentra
capital, será el FROB quien invierta con un horizonte de temporal de
cinco años. Eso sí: las cajas que tengan problemas deberán iniciar su
conversión en bancos para acceder al dinero público, lo que para los
expertos consultados supone diseñar un final ordenado para el modelo de
cajas actual.
Salgado reconoció el lunes que su equipo, con el asesoramiento del
Banco de España, ha trabajado a contrarreloj durante el fin de semana
para presentar la reforma. Y confió en que el plan sea del agrado de la
patronal de las cajas, muy crítica en los últimos días con los detalles
que se iban filtrando, en un debate de una intensidad creciente.
Finalmente, el Ejecutivo no ha ido tan lejos como quería el Banco de España -con
la conversión obligatoria de cajas en bancos- y permitirá que la
reforma pactada con el sector siga su curso para las entidades que
cumplan con las nuevas condiciones, de manera que la transformación de
cajas en bancos es sólo opcional. La vicepresidenta acertó: fuentes de
la patronal explicaron que el plan «es positivo». «Pese a que fija
exigencias muy elevadas de capital, dan un margen de tiempo para que las
entidades que lo necesiten busquen una salida», según fuentes de las
cajas.
El dato clave del día son esos 20.000 millones de euros adicionales.
El Gobierno considera que esa será la cifra máxima que necesitarán las
cajas para crear mullidos colchones de capital por si su cartera
inmobiliaria sigue perdiendo valor. Y confía en que sea suficiente para
poner en marcha una suerte de círculo virtuoso: las dificultades del
sector financiero cederán si mejora la percepción del riesgo con ese
mayor capital, y eso dará fuelle a la economía. «A la postre se trata de
que los mercados se queden satisfechos con esa cifra: ya veremos. Eso
es suponer que bastarán esos 20.000 millones para absorber las pérdidas
que los activos inmobiliarios tóxicos puedan generar en adelante»,
explicó Alfonso García Mora, socio director de AFI.
El anuncio de la ministra supone reformar la ley de recursos propios
de entidades de crédito y el FROB. Y dará mucho trabajo al Banco de
España: el supervisor debe realizar pruebas de esfuerzo al sector en los
próximos meses, y si alguna entidad necesita capital adicional en los
escenarios que se definan «éste deberá obtenerse también», dijo Salgado.
Las entidades que necesiten elevar sus colchones de capital deberán
plantear al Banco de España su estrategia hasta otoño. Y en ese momento
-a finales de septiembre-, la institución que dirige Miguel Fernández
Ordóñez evaluará a las entidades y señalará a las que incumplan los
requisitos anunciados.
Para estas entidades, el Ejecutivo autorizará al FROB a inyectar
capital en condiciones de mercado y de acuerdo con el régimen de ayudas
públicas. De esa manera el Ejecutivo evita que las inyecciones de dinero
público computen como déficit, una de las obsesiones de Salgado -y los
mercados- con la endémica crisis de la deuda aún coleando. Esos 20.000
millones no generarían déficit, pero sí deuda pública, en torno a dos
puntos más de PIB.
A la vanguardia en exigencias de capital
España se sitúa así a la vanguardia internacional en exigencias de
capital, aunque en gran parte por obligación. Y el culebrón dista mucho
de haber acabado: las cajas seguirán en el disparadero hasta otoño y
encontrar ahora esos 20.000 millones no será fácil. El Gobierno no
impone la conversión de las cajas en bancos, pero las que no levanten
capital no tendrán más remedio. Solo seguirán siendo cajas las que no
tengan ninguna necesidad de capital.
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