El grupo Santander ha dado marcha atrás en su plan de suprimirir 700 puestos de trabajo ante la presión ejercida por los sindicatos, que amenazaron con participar en la junta de accionistas del banco, y también a causa del malestar creado por unas declaraciones realizadas la semana pasada por el vicepresidente del banco, Alfredo Sáenz, sobre la necesidad de desmontar el Estado de bienestar.
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