El
objetivo es construir una muralla de acero entre los problemas de los
bancos y los Estados, de forma que jamás haya otro caso Irlanda y no
vuelva a repetirse el rescate parcial español. Europa camina directa
hacia una unión bancaria, con un supervisor único y medidas armonizadas
para los sistemas financieros de todos los países, con una especial
atención a que haya normas específicas para la liquidación de entidades.
05-07-2012 –
Cinco Dias.
Y España lo asume encantada, porque de eso dependerá que el rescate de
la banca nacional en apuros se haga con cargo a la deuda pública o vaya
directamente a los bancos. Porque eso es lo que ha aceptado Alemania: el
dinero europeo puede llegar a las entidades sin recaer en el Estado,
pero solo cuando haya un supervisor único.
Para
España es la diferencia entre disparar un 10% su pasivo y ver
comprometidos sus objetivos de déficit o que sea cada banco auxiliado el
que aguante su vela (aunque eso dependerá de la letra pequeña). Pero
Europa se cobrará sus piezas a cambio. Y todo apunta a que los bonistas y
los accionistas de la banca están los primeros de la lista.
Hasta
ahora, España en ningún caso ha forzado a los dueños de la deuda de los
bancos a asumir pérdidas para reducir las necesidades de capital
público. Se pensó con CAM, pero se descartó por el efecto negativo que
podría haber tenido sobre los bonos de otros bancos. Incluso en Irlanda,
la troika que rige los designios del país desde hace 18 meses ha
preferido contener los males y solo ha exigido compartir las pérdidas de
los bancos a los dueños de la deuda subordinada. Los titulares de bonos
sénior (los de mayor garantía de cobro) han quedado intactos.
Pero
la creación de un supervisor único europeo y la recapitalización
directa a la banca cambian la situación. El presidente del Consejo
Europeo, Herman Van Rompuy, ha dado dos razones principales para el
establecimiento de un sistema financiero integrado: asegurar la
estabilidad en el área euro y «minimizar el coste de la caída de bancos
para los ciudadanos europeos».
No
ha dicho cómo se puede hacer eso, pero en Bruselas tienen varias ideas.
El vicepresidente de la Comisión Europea, por ejemplo, el español
Joaquín Almunia, ha repetido varias veces que el Viejo Continente no va a
inyectar dinero para salvar entidades financieras cuando sea más barato
liquidarlas. Y se refería a bancos españoles. Pero la quiebra, por muy
ordenada que sea, es el último paso. Antes de llegar a eso hay un camino
intermedio que consiste en que quienes tomaron un riesgo, bonistas y
accionistas, asuman pérdidas para limitar el dinero público necesario
para reflotar una entidad.
La
Comisión Europea ha aprobado una propuesta de directiva que va en este
sentido, aunque tardará tiempo en hacerse realidad. Además, el último
informe del BIS (el Banco de Pagos Internacionales, el banco central de
los bancos centrales) recomienda que los bonistas respondan por el
riesgo que asumieron para que no tenga que hacerlo el contribuyente. De
ahí que varios analistas apunten a que la obligación de que estos
inversores compartan las pérdidas puede ser una de las condicionalidades
que se impongan para hacer posible un rescate a la banca tutelado
directamente desde Europa. Esta forma de salvamento será más dura con la
posición de accionistas y bonistas de lo que serían las autoridades
españolas, señalan.
Menos poder para los países
De
hecho, ese sería uno de los objetivos. El gobernador del Banco Central
de Irlanda, Patrick Honohan, no ha podido decirlo más claro, al recordar
en una intervención pública la semana pasada un estudio que ya hace 20
años reclamaban la unión bancaria para Europa: «Puede ser muy valioso
para los Gobiernos nacionales ceder poder a una autoridad central que
los salve de ellos mismos», citó. La idea es que ese supervisor sería
más inmune a las presiones que los dueños de los bonos puedan realizar,
tanto si son particulares (como sucede en muchos casos en España y que
puede dar lugar a la tentación de usar dinero público para evitar el
malestar social), como si son inversores institucionales.
La
propuesta del BIS y de la Comisión Europea se enfrenta a la resistencia
de los bancos, temerosos de perder una de sus principales vías de
financiación. Pero no le faltan apoyos entre los expertos. «Sería bueno
porque pondría una barrera muy clara entre los problemas financieros y
la deuda soberana», explica Joaquín Maudos, catedrático de Análisis
Económico de la Universidad de Valencia e investigador del IVIE. «No
estaría el papá Estado detrás. El accionista y el bonista asumen las
pérdidas, con el depositante protegido con un fondo de garantía
europeo».
Eso
reduciría las necesidades de dinero público, como pedía el BIS y como
busca Bruselas con su directiva. Si un banco es viable, pero necesita
recapitalizarse, convertir bonos en acciones ahorraría parte de la
inyección externa. Eso sí, los bonistas perderían y también los
accionistas, por la dilución.
Bueno para el sector
Maudos
coincide con el BIS en que este proceso incluso es sano para el sector
porque eleva los requisitos de calidad en la gestión de las entidades.
«Es una forma de disciplinar a los bancos. El bonista se lo va a pensar
mucho antes de invertir porque sabrá que si el banco quiebra va a
perder. Ahora tiene una especie de seguro implícito», añade.
Como
siempre, sin embargo, una cosa es la teoría y otra la práctica. O, en
este caso, la implementación. Los bancos tienen una regulación muy
específica porque su deuda no es igual que la de otras empresas. «Es su
materia prima. Sin ella no pueden conceder créditos», recuerda Maudos.
De ahí que poner en marcha esta medida sin estigmatizar a todos los
bonos y sin desatar un efecto contagio sea complicado. Por eso desde el
sector financiero piden normas claras y un marco regulatorio definido.
De todas formas, ningún cambio será inmediato. La creación del
supervisor único puede llevar meses (si no años) y la decisión de
modificar las reglas del juego no está tomada. El aviso a los bonistas y
accionistas, eso sí, cada vez es más nítido.
La AEB también cree que las entidades no viables deben
desparecer