Cuando al finalizar el primer semestre del año 2007 quedaron reflejados en las estadísticas internacionales los datos de una bajada en la contratación de lo que en nuestro país se correspondería con las ETTs, sólo estábamos ante el comienzo de lo que el estallido de las subprime en EE.UU. mostraría a mitad del verano con toda su contundencia. Las ilusiones de un sistema económico que parecía no tener fin en su crecimiento se diluían con la misma facilidad que las inversiones en unas grandes empresas financieras que ahora mostraban el riesgo que suponían para la economía real.
Desde entonces, para el sector
financiero, la economía real y, fundamentalmente los trabajadores y
trabajadoras de nuestro país, todo han sido malas noticias. Nuestros políticos
prometieron que sólo pagarían los que habían provocado la crisis, y al final
han sido los únicos que no han pagado. Los grandes banqueros internacionales
prometieron que nunca volverían a esas prácticas que habían llevado al mundo
hacia el colapso, y en cuanto recuperaron, muchos de ellos con fondos públicos,
el control de la situación, retornaron a las mismas prácticas de las últimas
décadas. Los grandes empresarios son más grandes que antes de comenzar la
crisis, y siguen reclamando disminuciones salariales y retroceso en los
derechos sociales. Resumiendo, los ricos son más ricos y poderosos, y los
pobres más pobres y con menos derechos.
Estos años de crisis han servido
para que nos extasiemos con un conglomerado de conceptos como “los test de
stress”, “la burbuja inmobiliaria”, “la privatización de las Cajas”, “los
SIPs”, y un largo etcétera. Muchos de estos conceptos, si no todos, sólo han
servido para captar la atención sobre aspectos parciales de la realidad
intencionadamente destacados para despistarnos sobre lo que estaban haciendo.
Los bancos españoles aprobaban los exámenes de resistencia, se triplicaban las
inspecciones del Banco de España en las Cajas de Ahorro, se aprobaba una
reforma laboral que no ha creado ni un solo puesto de trabajo, nuestras
pensiones se convertían en la prueba de fuego para que Europa confiara o
desconfiara de nuestra economía, y los empresarios se revelaban contra cualquier
intento de llegar a un acuerdo sobre negociación colectiva, esperando que uno u
otro gobierno les hiciese el trabajo sucio.
Y mientras tanto el mapa de las
Cajas de Ahorro se transformaba, pasando de las 45 existentes a los 15 grupos
(y dos pequeñas cajas) actuales. Pero la reconversión del sistema financiero no
acababa ahí. Unos, como Bankinter y Banesto, comenzaban con un goteo continuado
de despidos, otros reducían por acuerdo su plantilla, como Barclays, las Cajas
Rurales se agrupaban en SIPs y/o procedían a sus fusiones, como Caja Rural del
Jalón y Multicaja. Veamos cómo está afectando esta situación en Aragón.
¿Y en Aragón?
Sólo en Cajas de Ahorro se han
cerrado en estos últimos años casi cincuenta oficinas, afectando a Caja
Navarra, Caja España, Caja Duero, CAI, Ibercaja, Caja Burgos, CCM, La Caixa, etc, o sea a las
existentes o afincadas en Aragón. Encabezan esta clasificación, al menos por el
momento, las fusiones de Caja España y Caja Duero por un lado y el SIP de Caja 3
de CAI. Los Bancos han llevado un proceso más lento, aunque ahora el acuerdo
alcanzado en Barclays va a suponer el cierre de 19 oficinas en Zaragoza, 3 en
Huesca y 1 en Teruel, además de las posibles consecuencias que podría tener
esta reestructuración en los 500 trabajadores que HP Procesos de Negocios tiene
en Plaza y que trabajan principalmente para Barclays. Y todavía tenemos que
esperar las consecuencias de la fusión de la
Caja Rural del Jalón y Multicaja, que como
es evidente conllevará el cierre de más oficinas, aproximadamente otras 40.
Precisamente este último caso
tiene la curiosidad de dejar fuera a la Caja
Rural de Teruel, quedando la tercera provincia aragonesa
marginada una vez más, a pesar de contar con una Cooperativa de Crédito líder
en su ámbito provincial y con gran presencia inversora en los escasos proyectos
turolenses. El futuro del sector financiero va a convertir el tamaño en un
índice de referencia para las entidades financieras, por lo que no sería
extraño ver abocada a la Caja Rural
de Teruel a integrarse (prácticamente no le va a quedar otro remedio) en un
grupo ajeno a la Comunidad Autónoma
de Aragón.
Volviendo a esta fusión de Cajas
Rurales en Aragón, el cierre de 40 oficinas, debido a la duplicidad de redes en
numerosos pueblos de Zaragoza y Huesca, así como agencias urbanas situadas en
la misma calle, los Servicios Centrales de Huesca (Multicaja, 90-100 empleados),
provocará que además de prescindir de unos 110 empleados, o sea un 10% de la
plantilla, se originen traslados de una parte importante de sus plantillas. En
esta fusión la mayor parte de los trabajadores que dejarán la nueva Caja Rural
serán por prejubilaciones (56 años o más), y un pequeño número mediante bajas
incentivadas.
Las salidas pactadas en el
sector financiero han recurrido, desde hace muchos años, a las prejubilaciones.
En Aragón las estamos viendo en la fusión de estas dos cajas rurales, la
situación de Barclays, y en CAI. En esta última, y bajo el acuerdo con el que
se creó Caja 3, hubo 52 prejubilaciones y 45 jubilaciones parciales con
contrato de relevo.
Las prejubilaciones siempre han
sido un método de salida negociada de las entidades financieras que ha llenado
el titular de muchas noticias. Fundamentalmente se ha desconocido que la
mayoría de ellas eran pagadas por las mismas entidades financieras, no costándole
ningún recurso a la sociedad. Ahora la situación ha cambiado, y en ocasiones,
al hacer pasar a los trabajadores por dos años de paro, sí que hay un coste
económico para la sociedad, lo que suscita el debate de si es éticamente
correcto hacerlo de esta manera. Se puede argumentar que este proceso es el
mismo que han realizado el resto de las empresas de nuestro país y nos ha
conducido a los cinco millones de parados, y que por lo tanto si al resto de
empresas se le acepta por qué no debería darse la misma validez a lo realizado
por las entidades financieras. Como siempre, los hechos deben mirarse desde diferentes
perspectivas, pero una cuestión está muy clara, los trabajadores somos los que
acabamos perdiendo nuestro puesto de trabajo y cualquier reclamación sobre la
forma de pago debería hacérseles a las empresas, no a la parte más débil.
¿Y ahora qué?
Diversas Cajas de Ahorro, con
una u otra fórmula, han comenzado a convertirse en Bancos. Tenemos el caso de La Caixa que se está
transformando en CaixaBank, y en Aragón ya tenemos anunciado para este otoño la
conversión de Ibercaja en Banco, así como no tardará en producirse algo similar
con la CAI (Caja
3). En Julio de 2010 el Gobierno procedió a aprobar el real decreto ley de
reforma de la Ley
de Órganos Rectores de Cajas de Ahorro (LORCA), que posteriormente sería
aprobado por el Congreso de los Diputados, y que dejaba a las Cajas de Ahorro
la posibilidad de tomar casi cualquier camino en sus fusiones y agrupaciones, excepto
el que le propusimos desde Comfia-CC.OO., el de una Caja de Cajas. Desde ese
momento la privatización de las Cajas de Ahorro tomaba todo su impulso.
¿Cuál es el futuro? Pues ya lo
tenemos aquí, y éste pasa por fusiones, adquisiciones y particiones. Todo Banco
o Caja pasa a ser susceptible de acabar en cualquier sitio, de cambiar de sexo
espontáneamente al cruzar una calle, la calle de las privatizaciones, las
compras y las ventas, esta vez con el suculento pastel de ese cincuenta por
ciento del sistema financiero que hasta ahora había sido inmune a los
depredadores financieros.
La sociedad está perdiendo sus
Cajas de Ahorro, y además está convencida de la bondad de esta pérdida. Un
patrimonio formado por la sociedad civil a lo largo de ciento cincuenta años
quedará, como todo, en manos de unos pocos. Y así podremos seguir diciendo que
los ricos cada día son más ricos y los pobres, pues ya se sabe.
De momento en Aragón tenemos una
fusión de Cajas Rurales que han marginado una vez más a Teruel, una Caja de
Ahorros aliada con otra Caja en Burgos y otra en Badajoz, otra Caja de Ahorros
que ante el incremento de las demás se está quedando cada día más pequeña, un
banco, el Zaragozano, que fue comido por un banco internacional, Barclays, y
que ahora verá como se cierran la mayor parte de sus oficinas, bastantes de las
situadas en zonas rurales, el 44% de la plantilla de sus servicios centrales en
Zaragoza, y mientras tanto seguimos pensando que en Aragón tenemos una política
independiente en lo financiero. ¿Alguien se lo cree?
Mientras tanto observamos en los
bancos, al menos en los bancos de la vieja escuela, el abandono de los acuerdos
de prejubilaciones como un método permanente de renovación de las plantillas,
ahora prefieren despedir, como Banesto (70 despidos, ninguno por ahora en Aragón)
o Bankinter (86 despidos fuera de Aragón y 8 trabajadores prejubilados en
Aragón). Los acuerdos de prejubilación en el Santander, el BBVA y Banco Popular
Español están finalizados o se han convertido en un pequeño goteo.
Lo que sí continúa en todo el
sector financiero es la prolongación de jornada, entiéndase por ello la
realización de miles y miles de horas extraordinarias que nunca se cobran y no
cotizan en la seguridad social. Luego oiremos los lamentos sobre el absentismo,
que la realidad nos muestra como un fenómeno casi testimonial en este sector,
pero ninguna voz dentro de las patronales se oirá sobre un hecho como el de las
prolongaciones de jornada, que afecta al comportamiento ético de los
empresarios, tanto con sus empleados como con la sociedad.