Las cajas rurales pertenecen al grupo de empresas denominado de “Economía Social”. Quiere esto decir que en su ADN deben tener como prioridad mantener los canales de comunicación abiertos con los actores sociales que tienen interés en estas empresas: trabajadores, socios, proveedores, clientes, etc., etc.
Pero
la Caja Rural de Córdoba ha cortado estos canales. Desde hace años
el equipo de dirección rechaza de manera tajante el diálogo con la
plantilla. Las consecuencias de esta “sordera social” de Caja
Rural de Córdoba son manifiestas:
Es
una de las empresas del sector de cajas rurales con una ratio de
gastos de personal por empleado más baja del estado 43.750 euros en
2009, cuando la media del sector está en 47.470 euros. A pesar de
ello, las retribuciones del equipo de dirección no se han
resentido, sino que la Memoria demuestra cada año los altos
salarios de los directivos.
Es
una de las empresas del sector de cajas rurales con una
interlocución con la plantilla menor, lo que provoca que los
beneficios sociales pactados con los representantes de la plantilla
sean prácticamente nulos. No hay apenas mejoras en préstamos, en
niveles retributivos, el plan de pensiones es desigual y consagra
las diferencias entre los directivos y el resto, etc., etc.
Nos
hemos dirigido al Sr. Presidente desde la Agrupación Estatal de
Cajas Rurales de Comfia-CCOO y no hemos obtenido respuesta. Aunque
hubiese sido por simple educación, cualquier dirigente social
devuelve la llamada y no se niega al diálogo con el primer sindicato
del sector. Pero parece que la sordera es seria.
Estamos
preocupados con la situación
Esta
situación de ausencia de diálogo, no solo ya con los representantes
de los trabajadores, sino con el resto de colectivos sociales, está
llevando a la Caja Rural de Córdoba a una situación preocupante.
Hace
pocos meses se fue de la Entidad el Consejero Laboral, Cristino
Muñoz, cansado de denunciar en dicho órgano la situación económica
y social que se vivía en la Entidad y la falta de criterios
económicos en la gestión. Fue incapaz de seguir soportando las
presiones a que se vio sometido (la última, la destitución como
director de oficina). Además la dirección ha “indicado” al
Consejero Laboral suplente, Manuel Díaz, que no se incorpore, cuando
desde enero debería haberlo hecho.
Pero
hace pocas semanas ha presentado la dimisión del Consejo Rector otro
componente, abogado del estado, y que no ha permanecido en sus filas
ni dos años. Desconocemos las razones aducidas para su renuncia,
pero nos las imaginamos, porque llevamos años viendo una gestión
empresarial claramente deficiente, que ha llevado al Banco de España
a tener casi una sede permanente en Córdoba.
Si
Caja Rural de Córdoba hubiera sido más receptiva hacia los
trabajadores y los socios, y hubiera desplegado una gestión más
correcta, quizás la situación no sería ahora la que es.