Los detalles de la nueva reforma del sistema financiero
que, en principio, aprobará este viernes el Consejo de Ministros del
Gobierno central no se conocen, pero ya hay puntos que han levantado
ampollas tanto en el sector como en los ejecutivos regionales, sobre
todo, después de haber estado durante meses bregando para sacar adelante
unas uniones y fusiones que han quedado desfasadas casi antes de
empezar a rodar.
Los detalles de la nueva reforma del sistema financiero
que, en principio, aprobará este viernes el Consejo de Ministros del
Gobierno central no se conocen, pero ya hay puntos que han levantado
ampollas tanto en el sector como en los ejecutivos regionales, sobre
todo, después de haber estado durante meses bregando para sacar adelante
unas uniones y fusiones que han quedado desfasadas casi antes de
empezar a rodar.
Ayer fue el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan
Vicente Herrera, quien alzó la voz en contra de algunas de las
exigencias de la nueva normativa. Se unió a las críticas vertidas desde
diferentes ámbitos, sobre todo a raíz de que en el nuevo marco se
pretenda exigir a las entidades de ahorro unos niveles de core capital
superiores a los de los bancos (en torno a un 9 ó 10 por ciento, frente a
un 8) o, de lo contrario, podrían ser nacionalizadas. «Sería suicida
que las Cajas de Castilla y león se capitalicen de acuerdo a los
requerimientos de la nueva normativa. Sería absurdo pretender lo
contrario», subrayó Herrera durante el pleno de las Cortes en respuesta a
la pregunta del portavoz del Grupo Mixto, el leonesista Joaquín Otero,
sobre la posición de la Junta sobre la nueva regulación financiera.
En este mismo sentido, líder del Ejecutivo regional
defendió que le parecen «plenamente justificadas» las aspiraciones de
las cajas de ahorro de que su nivel de los «recursos de máxima calidad»,
esto es, de core capital, se sitúen al mismo nivel que las de los
bancos ya que «tienden a la bancarización».
Herrera, quien no dudó en tachar de «nuevo despropósito»
este giro dado por el Gobierno de Zapatero debido a su «imprevisión e
improvisación» después de haber «autorizado e impulsado» hace unos meses
los proyectos de las fusiones y SIP, reprochó, además, que no se haya
consultado ni a las comunidades ni a las propias entidades para diseñar
la nueva reforma. Y no desaprovechó la ocasión para reclamar que «más
pronto que tarde» el Ejecutivo socialista «tiene que marcharse».
Ante este panorama que se cierne sobre el sector
financiero, Herrera llamó también ayer a que «intentemos entre todos» y
«de forma especial» los órganos de gobierno de las cajas «mantener la
naturaleza» de las entidades de ahorro, y «especialmente entre ellas» la
de la fusión surgida entre Caja Duero y Caja España, en la que la
Junta, con el apoyo del PSOE, puso especial empeño. Lo hizo después de
advertir de que el hecho de que las cajas, tal y como evoluciona el
mercado y la normativa, se constituyan en bancos «no significa» en
principio su desaparición y desnaturalización.
Además, el líder del Ejecutivo regional dejó claro que ante
«el riesgo» de nacionalización de las Cajas, «ni podemos ni vamos a
caer en la tentación de sustituirla por una regionalización» ya que «no
hay recursos, y menos todavía con las normas que regulan en este momento
la estabilidad y el déficit». así lo subrayó después de que Otero le
plantease la posibilidad manejada por la Xunta de Galicia de estudiar
cómo las comunidades «podrían adquirir cuotas participativas» para
recapitalizar las cajas y cumplir con las nuevas exigencias.
«Presionar a las fortunas»
Además, Otero, quien pidió a Herrera «hacer frente común»
con otras regiones, tal y como ha planteado también Núñez Feijóo,
también cuestionó si la Junta «podría influir» en las grandes empresas y
fortunas de Castilla y León para que «se impliquen» con el sistema
financiero regional, en especial con Caja Duero y España.