Cuando
los sindicatos deciden convocar una huelga general es porque se han
agotado todas las vías de negociación. Diría más. La huelga
general del 29M es tan necesaria que hasta el propio presidente del
Gobierno llegó a considerarla inevitable con la reforma laboral que
tenía previsto aprobar.
Y
efectivamente, la aprobó. Por decreto, sin diálogo, ni negociación
alguna con los sindicatos. En plena sangría de destrucción de
empleo, con 5,4 millones de personas en el desempleo, el Gobierno
aprueba una reforma del mercado de trabajo, no para incentivar la
contratación, sino para facilitar y abaratar el despido.
Pero
estos dos meses y medio de gobierno conservador se han convertido en
un ataque sin precedentes al Estado social. Instalados en el la
doctrina de Bruselas y los mercados financieros, y jaleados por el
discurso de la CEOE, la derecha española que nos gobierna ha
iniciado el
desmontaje del Estado de bienestar y
la quiebra del modelo de convivencia que surgió de la transición
democrática. Es la certificación de la derrota de la política a
manos de la economía y los mercados financieros, que fueron los
causantes de la grave crisis que vivimos. En definitiva, un golpe a
la democracia
“Quieren
acabar con todo”
Este
es el lema de la huelga general. Y nada mejor para resumir los
objetivos de las medidas del Gobierno. Y ya llueve sobre mojado. En
España los recortes que se vienen aplicando desde 2010 no han hecho
sino agravar la situación. Se aprobó una reforma laboral de menor
alcance pero con los mismos ingredientes que la aprobada el pasado 10
de febrero (despido más fácil y barato, dualidad del mercado de
trabajo, desvirtuación de la negociación colectiva); se colocó la
reducción del déficit en el frontispicio de la acción política y
con ello, se volvió a las andadas de los recortes, ajustando el
gasto, ignorando los ingresos, y renunciando a reactivar la economía
y a crear empleo. Como había que ganar las elecciones, el Partido
Popular no dudó en ocultar sus intenciones y sustituir la propuesta
política por la retórica de la demagogia (“no
queremos abaratar el despido; queremos crear empleo”, dijeron).
Y lo consiguieron. El 20 de noviembre, lograron mayoría absoluta en
las urnas y se dispusieron a gobernar. Nunca en democracia un
gobierno hizo tanto y en tan poco tiempo por acabar con la
arquitectura social y laboral que entre todos decidimos poner en
marcha tras las primeras elecciones democráticas de 1977, y que fue
consagrada por la Constitución Española.
El
movimiento sindical fue el primero en encender las luces rojas ante
una política que se propone acabar con todo. Pusimos pie en pared
para rechazar una reforma laboral impuesta que interrumpe el derecho
del trabajo y lo reemplaza por una ilimitada arbitrariedad
empresarial. Que abarata y facilita el despido; que no reduce las
modalidades de contratación, sino que por el contrario las aumenta y
precariza; que introduce discriminaciones en las posibilidades de
empleo; que rompe el equilibrio de la negociación colectiva; que
abre las puertas al despido, por primera vez, en las Administraciones
Públicas.
Pero
no nos quedamos aquí. En el acto sindical que CCOO organizó en el
Palacio de Vistalegre de Madrid, el 24 de septiembre de 2011, ante 20
mil delegados y delegadas de nuestro sindicato de todo el país, ya
advertimos que con las políticas que ya se aplicaban y las que se
anunciaban ante un más que probable triunfo de la derecha en las
urnas, además de la legislación laboral corría peligro nuestro
modelo social, los pilares del Estado de bienestar: la
sanidad, la educación, las políticas sociales.
Si sumamos el fuerte giro corporativo decidido por el nuevo ministro
de Justicia contra la democracia en la judicatura y la voluntad de
eliminar y/o devaluar importantes derechos civiles como el derecho de
las mujeres a la interrupción del embarazo, el matrimonio homosexual
o los derechos de la inmigración, entenderemos porqué propuse en
dicho acto impulsar una amplia
plataforma social en
defensa de los servicios públicos y los derechos sociales,
oportunamente constituida hace unas semanas.
La
legitimidad de la huelga general
El
presidente del Gobierno ha repetido en diferentes foros y tribunas
que las medidas del Gobierno son un ejercicio de responsabilidad con
su país. El sabrá porque llama responsabilidad a acabar con las
leyes y normas que configuran el Estado social y nos conduce a la
máxima liberal del “sálvese quien pueda”. Por responsabilidad
con los trabajadores y trabajadoras, con la ciudadanía, sobre todo
con la peor tratada por la crisis, los sindicatos CCOO y UGT hemos
recurrido a uno de los instrumentos constitucionales a nuestro
alcance: la convocatoria de una huelga general. El aparato mediático
conservador, en su particular y difamatoria campaña contra el
movimiento sindical, ha querido y lo sigue haciendo, inocular en la
sociedad el virus de la resignación, acusando a los sindicatos de
movilizarse solo por sus privilegios. Esta calumnia tiene las patas
muy cortas. Las consecuencias de la reforma laboral y de las
políticas de recorte en los servicios públicos y el Estado de
bienestar, ya se dejan ver: creciente desprotección de los
trabajadores, deterioro plausible de la salud y la educación,
evidente retroceso de los derechos sociales y civiles; quiebra del
modelo de convivencia. Esto nada tiene que ver con los privilegios
sindicales. Es el resultado de un proyecto político sometido a los
designios de los mercados financieros.
Por
todo ello hemos convocado una huelga general el 29 de marzo. Todos
los trabajadores y trabajadoras de la producción y los servicios, de
las Administraciones Públicas, están llamados a participar en esta
huelga. Y tenemos el deber moral de dirigirnos a la ciudadanía para
que la apoye y se manifieste contra unas medidas que, de llevarse a
cabo, acabarán con derechos históricos que tanto nos ha costado
conquistar.
Ignacio
Fernández Toxo
Secretario
general de CCOO