Las prejubilaciones se han convertido en uno de los
mecanismos más utilizados para reducir la plantilla en las grandes empresas.
Ello beneficia a la
Seguridad Social, escasa de liquidez, ya que las empresas en
determinadas condiciones abonan en un solo pago las cuotas sociales del
empleado hasta la fecha de su jubilación.
Jaume Viñas – Madrid – 18/04/2011
Un
ERE, más allá de los dramas personales que conlleva, siempre supone una mala
noticia para las finanzas públicas, ya que implica perder cotizantes. Sin
embargo, como explica Miguel Ángel Menéndez, director de previsión social de
Mercer, cuando se produce una prejubilación en el marco de un ERE, las empresas
suelen pagar de una vez las cuotas sociales de los llamados empleados no
mutualistas -aquellos que tienen más de 55 años y que no han cotizado antes de
enero de 1967-.
Por
ejemplo, un trabajador de 55 años prejubilado cobra hasta los 57 años la
prestación por desempleo y la empresa ingresa de una vez las cuotas sociales
correspondientes a cuatro años -de los 57 a los 61 años, edad mínima para acogerse a
la jubilación anticipada-. Ello supone una importante aportación de liquidez en
un momento en que el gasto en pensiones no cesa de aumentar y presiona las
cuentas públicas.
Al
borde de la quiebra
El
sistema de la
Seguridad Social logró cerrar 2010 con un ligero superávit, a
pesar de la caída de cotizantes y el incremento del gasto en pensiones. Si no
registró números rojos fue gracias a los ingresos derivados de los intereses
del Fondo de Reserva. En este contexto, la posibilidad de ingresar de una vez
las prejubilaciones enmarcadas en un ERE implica una ayuda nada desdeñable. El
sector financiero ha anunciado 13.855 salidas en los últimos meses y el 80% de
estas son prejubilaciones, informa Juande Portillo. De hecho, fuentes del
mercado indican que las aportaciones de liquidez que suponen las
prejubilaciones actúan como incentivo para que Trabajo acepte los ERE de la banca.
La
mayor parte de las salidas por prejubilación gestionadas por la banca responden
al llamado empleado no mutualista. En el resto de casos (cuando el trabajador
tiene entre 52 y 55 años), la situación es distinta. El prejubilado firma un
convenio especial con la
Seguridad Social y recibe de manos de su empresa el importe
equivalente a las cotizaciones correspondientes hasta los 61 o 65 años. Y es el
empleado quien, mes a mes, paga sus cotizaciones para asegurarse una jubilación
ventajosa.
Por
regla general, la edad mínima de prejubilación se sitúa en los 52 años, un
umbral que el Gobierno aseguró que modificaría y que, sin embargo, se ha
mantenido igual. De hecho, incluso se han aprobado prejubilaciones de empleados
con menos de 50 años. El Ejecutivo se ha mostrado repetidas veces en contra del
uso masivo de la prejubilación porque supone un deterioro de las arcas
públicas.
El
empleado prejubilado (que normalmente recibe entre el 80% y el 90% de su sueldo
hasta los 65 años) suele cobrar también la prestación por desempleo durante dos
años como máximo. Durante este periodo, además, es el Estado el que asume el
pago de las cuotas sociales de los parados.
España, un caso único en la Unión Europea
La
utilización de las prejubilaciones en España no tiene parangón frente al resto
de países de la UE. Así
lo asegura Martín Godino, socio director de Sagardoy Abogados, quien recuerda
que en otros países se utilizan otros mecanismos en los procesos de
reestructuración, como la reducción de jornada.
En
cualquier caso, la reforma del sistema público de pensiones aprobada en
septiembre por el Gobierno encarecerá los procesos de prejubilación. Cuando una
empresa prejubila a uno de sus empleados suele comprometerse al pago de las
cotizaciones hasta que el trabajador cumpla los 65 años, la edad legal de
retiro. En la medida que el umbral aumentará hasta los 67 años, ello supone un
incremento de los costes.
De
hecho, los procesos de prejubilación ya antes de la reforma eran costosos para
las empresas y por ello era un mecanismo utilizado sobre todo por grandes
compañías, que cuentan con recursos. «Las empresas van a estar menos
dispuestas a abordar procesos de prejubilación a edades bajas como se ha hecho
en el sector financiero, ya que serán más caras», vaticina Godino, cuyo
despacho de abogados ya está comprobando los primeros efectos de la reforma de
las pensiones.
Por
otro lado, la delicada situación financiera de la mayoría de compañías que
optan por reestructuraciones de plantilla dificulta llevar a cabo un proceso
masivo de prejubilaciones.
En
cualquier caso, los expertos de Sagardoy aplauden la reforma de las pensiones,
que consideran indispensable para asegurar la viabilidad del sistema. Además de
elevar la edad legal de jubilación, será necesario haber cotizado 37 años para
cobrar el 100% de la pensión. Y se amplía el periodo de cómputo para el cálculo
de la pensión de los 15 a
los 25 últimos años trabajados.
Aviso a las empresas
Las
empresas deben tener en cuenta que si uno de sus empleados prejubilados vuelve
a trabajar, la
Seguridad Social no devolverá las cuotas sociales abonadas
por la compañía sin previa petición. Ello supone un esfuerzo de control
adicional para las compañías.