Las organizaciones del tercer sector de acción social, las organizaciones de consumidores, los grupos de impositores y los sindicatos que suscribimos este posicionamiento común queremos hacer un llamamiento a la ciudadanía, a los municipios, a las comunidades autónomas, a las instituciones el estado y al gobierno de la nación, para que se mantenga el carácter social de las Cajas de Ahorro y no se termine con el papel histórico que las mismas han jugado y deben seguir jugando en nuestro país.
Para
nosotros es claro que el Real Decreto Ley 2/2011 convalidado el
pasado 10 de marzo por el Congreso de los Diputados, tiene por objeto
principal establecer nuevas exigencias para forzar la conversión
acelerada de las Cajas de Ahorros en Bancos. No puede entenderse de
otra manera la reclamación de aumentar su capital básico al 10%
frente a la exigencia del 8% para los Bancos.
Las
medidas recogidas en el Real Decreto provocan incertidumbre sobre
todo el sector independientemente de los niveles de solvencia,
provocando con ello, un proceso de debilidad inducida de manera
discrecional del que es únicamente responsable el Gobierno. Las
mayores exigencias de capital básico, cuando los acuerdos de Basilea
III no llegan a demandar ni el 4% para 2011, no tendrán otro efecto
que restringir aun más el crédito circulante y el recorte de los
fondos destinados a la obra social.
Corresponde
al Banco de España dictar las normas para la valoración de los
activos y vigilar
su cumplimiento en las entidades de crédito, los déficits
observados en estas materias no pueden resolverse con nuevas normas
que dificultan el crecimiento económico y amenazan la viabilidad de
las cajas.
Claramente
el objetivo es terminar con el modelo social que representan las
Cajas de Ahorro, aprovechando
las dificultades que atraviesan algunas de ellas en lugar de pedir
las responsabilidades correspondientes, esta cruzada cuenta con la
activa participación de quienes ven a las Cajas como una anomalía
del sistema financiero.
Las
Cajas de Ahorro han sido el único modelo de ejercicio de la
actividad financiera que ha permitido la participación de la
sociedad en sus órganos de gobierno y de gestión, y cuyo carácter
social ha posibilitado orientar el negocio bancario situándolo al
lado de la ciudadanía, de las familias, de las pymes y de la
creación de empleo, garantizando un mercado financiero más plural y
evitando la concentración oligopólica de la gran banca.
Sus
beneficios, a través de la Obra Social, han contribuido a apoyar al
tejido asociativo, a poner en marcha acciones generadoras de empleo,
a la investigación y la educación, a la defensa del medio ambiente,
la cultura y la acción social, contribuyendo con ello a garantizar
la integración de las personas y de los territorios y revertiendo
parcialmente a la sociedad.
Laliquidación
de las Cajas de producirse, será la gran desamortización del siglo
XXI, la mitad de las entidades financieras que son de la sociedad y
revierten sobre ella, pasara a ser solo de unos pocos. Desaparecerá
el dividendo social, los sistemas de inclusión financiera para esos
colectivos sociales que no resultan de interés comercial para los
bancos y reforzara el poder de la economía financiera sobre el
sistema productivo. Esto es, millones de personas se verán
perjudicadas y la exclusión financiera será aún más profunda.
Las
actividades y centros de las obras sociales dan empleo a más de
40.000 personas en España y contribuyen directamente a la mejora de
las condiciones de vida de las personas más vulnerables. Los 2.058
millones de euros que las cajas destinan a proyectos sociales son
garantía para la construcción de una sociedad más justa y
cohesionada. En las Cajas de Ahorros trabajan 120.000 personas.
Las
organizaciones que suscribimos esta posición común queremos
denunciar que, en esta fase de cambios, se está dejando
deliberadamente fuera la voz de la sociedad civil organizada. En
nuestra opinión es necesario un dialogo con los representantes de
los impositores, las trabajadoras y trabajadores, y las entidades
sociales.
Exigimos
que se impulsen todos los mecanismos y vías posibles para que los
gestores de las cajas que hayan incurrido en mala gestiónasuman sus responsabilidades, a la vez, que reclamamos que se permita
dar continuidad a las actividades financieras desde la lógica y los
criterios que son propios de las cajas de ahorros.
Es
por todo ello que consideramos al Real Decreto Ley 2/2011 más como
parte del problema que como parte de las soluciones, a la vez que
apreciamos en el importantes elementos de inconstitucionalidad, toda
vez que se vulneran los derechos fundamentales de la ciudadanía, que
es la propietaria de las cajas de ahorros.
Ante
lo cual hemos decidido dirigirnos, agrupando los intereses del
conjunto de la sociedad civil a la que representamos al Defensor del
Pueblo para solicitarle que interponga recurso de
inconstitucionalidad, asumiendo la defensa de los derechos de la
ciudadanía ante lo que posiblemente sería la mayor trasferencia de
recursos económicos desde el conjunto de la sociedad a manos
privadas de nuestra historia reciente.
Madrid,
29de abril de 2011
Tercer
Sector de Acción Social
Plataforma
de ONG de Acción Social (POAS)
Plataforma
del Voluntariado de España (PVE)
Red
Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-ES)
Comité
Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI)
Coordinadora
de ONG para el Desarrollo
Consumidores
FACUA
– Consumidores en Acción
Asociación
de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE)
Confederación
de Consumidores y Usuarios (CECU)
Confederación
Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios.
(CEACCU)
En
representación de impositores
Francisco
Baqueromiembro del Consejo de Administración Caja Madrid.
Paco
López Consejero General de la Asamblea de Caja Madrid.
Miguel
Ángel Abejón Resa Comisión de Control de Caja Madrid.
Juan
Sánchez Fernández Consejero General de la Asamblea de Caja Madrid.
Julio
Ruiz Ruiz miembro del Consejo de Administración de Caja Sol.
Pedro
Granados Navas miembro del Consejo de Administración Caja Granada.
José
Luís Merino miembro del Consejo de Administración de Caja Círculo
de Burgos.
Agustín
Prieto González Consejo de Administración de Caja España,
Inversiones, Salamanca y Soria.
Ignacio
Velasco Valderrabanos miembro de la Comisión de Control de Caja
Segovia.
Koldo
Ruiz de MunáinConsejero General de la Asamblea de BBK.
Jone
Pariza Vidal Consejero
General de la Asamblea de BBK.
Aritz
Rivero Astiz Consejero General de la Asamblea de KUTXA.
Sindicatos
Federación
de Servicios Financieros y Administrativos CC.OO. (COMFIA-CC.OO.)
Federación
Estatal de Servicios – UGT (FES-UGT)
Confederación
de Sindicatos Independientes de Cajas de Ahorros (CSICA)
Confederación
Intersindical de Cajas (CIC)
Apoyan:
Confederación
Sindical de Comisiones Obreras
Unión
General de Trabajadores
Carta al Defensor del Pueblo Cajas de Ahorro
