Tras el stress test, ha llegado el striptease. Bancos y
cajas de ahorros se han desnudado ante los mercados para mostrar el
riesgo inmobiliario alojado en sus balances. Lo han hecho a toda prisa
por recomendación -léase exigencia- del Banco de España. Aunque hay
entidades que han arrastrado los pies a la hora de hacer públicos los
datos o que los han presentado con menos claridad de la deseable, al
final la fotografía del sector financiero español tiene una nitidez sin
precedentes. Y las zonas más sombrías de esa fotografía corresponden a
las cajas de ahorros, sobre todo las que han acometido procesos de
integración y reestructuración con ayuda pública. El peso de los activos
del ladrillo «potencialmente problemáticos» en sus balances es
significativamente superior al de los bancos.
Tras el stress test, ha llegado el striptease. Bancos y
cajas de ahorros se han desnudado ante los mercados para mostrar el
riesgo inmobiliario alojado en sus balances. Lo han hecho a toda prisa
por recomendación -léase exigencia- del Banco de España. Aunque hay
entidades que han arrastrado los pies a la hora de hacer públicos los
datos o que los han presentado con menos claridad de la deseable, al
final la fotografía del sector financiero español tiene una nitidez sin
precedentes. Y las zonas más sombrías de esa fotografía corresponden a
las cajas de ahorros, sobre todo las que han acometido procesos de
integración y reestructuración con ayuda pública. El peso de los activos
del ladrillo «potencialmente problemáticos» en sus balances es
significativamente superior al de los bancos.
«La entidad hace público el riesgo con el sector inmobiliario
siguiendo las recomendaciones del Banco de España para calmar a los
mercados internacionales», rezaba sin ambigüedad la primera página de la
presentación de una de las cajas más vulnerables. Pero aunque la
transparencia delimita el alcance del daño, algunos datos más que
calmar, inquietan.
Las pruebas de resistencia a la banca española
solo sirvieron para devolver temporalmente la confianza de los
inversores en la salud del sistema financiero español. Tras el rescate
de Irlanda, arrastrada al agujero por su banca sin que las pruebas de
resistencia hubieran alertado del peligro, los inversores pusieron en el
punto de mira a España, que ha vivido una gran burbuja inmobiliaria y
de la construcción. Para recobrar la confianza, el Banco de España
exigió a las entidades que se desnudasen ante los mercados, que
mostrasen el riesgo inmobiliario alojado en sus balances.
Pero
antes siquiera de que se conociesen esos datos, el Gobierno y el
supervisor llegaron a la conclusión de que la transparencia no bastaba
para tranquilizar a los mercados. Quizá porque el desnudo de las cajas
confirma en algunos casos los temores de muchos inversores, el Gobierno
ha decidido dar otra vuelta de tuerca para recapitalizar las cajas, sea
con capital privado o público.
Y los datos de las cajas muestran
que, efectivamente, hace falta capital para hacer frente con solvencia a
los activos tóxicos inmobiliarios.
Los datos facilitados por las
entidades financieras (incluidas todas las cajas y los seis principales
bancos) muestran que tienen inmuebles en su posesión por un importe
bruto de 61.576 millones de euros, con una cobertura por su posible
depreciación de unos 18.400 millones (el 30%). A esa cifra se suman
créditos destinados a la construcción y promoción inmobiliaria por
importe de 239.000 millones de euros. Es decir, en números redondos hay
algo más de 300.000 millones de euros en juego.
Lógicamente, no
toda esa cifra está en peligro. Los activos relacionados con el sector
inmobiliario que el Banco de España considera potencialmente
problemáticos son los inmuebles adjudicados y adquiridos (61.500
millones), los créditos morosos (42.000 millones) y los calificados como
subestándar, esto es, en peligro de pasar a ser morosos (unos 40.000
millones). Es decir, sin contar los créditos ya calificados como
fallidos (que sumarían otros 4.000 millones, pero que ya están
totalmente cubiertos con provisiones), la exposición «potencialmente
problemática» es de algo más de 143.000 millones, con una cobertura de
unos 40.000 millones.
Tanto si se analiza la exposición bruta como
la problemática, las cajas salen mal paradas en la comparación frente a
los bancos. De media, las cajas de ahorros destinaron casi un 20% de su
inversión crediticia a la construcción y promoción de viviendas. De
hecho, la cifra alcanza el 21,5% si lo que se analizan son las entidades
que han participado en los grandes procesos de integración y
reestructuración del sector. Eso es casi el doble que el 11,7% de los
principales bancos.
Ese es un primer criterio de valoración de la
gravedad de los problemas. Ningún banco ha destinado más del 20% de su
crédito al sector del ladrillo. En cambio, hay seis cajas que superan
ese umbral y una (Caja España-Caja Duero) que supera incluso el 30%. En
esa primera foto, salen también mal parados Banco Base, CatalunyaCaixa y
Caja3. Esa medición es la menos sujeta a interpretaciones subjetivas,
aunque habrá que ir comprobando si los criterios de clasificación del
crédito han sido homogéneos en todas las entidades.
Además, cuando
se analizan esos créditos hay una proporción significativamente más
alta entre los de las cajas en que la garantía es suelo y no viviendas
terminadas o en construcción. Es decir, mayor riesgo y peores garantías.
El
siguiente paso es descender un escalón y ver cuántos de esos 300.000
millones en juego son los problemáticos, aunque sea potencialmente.
Para
empezar, ya han dado problemas los 61.000 millones en inmuebles
adquiridos y adjudicados. Esos inmuebles proceden sobre todo de las
promotoras y constructoras que no han podido hacer frente a sus créditos
y, en mucha menor medida, de las ejecuciones de hipotecas de
particulares, la toma de participaciones -en general forzadas- en
inmobiliarias (por ejemplo mediante canjes de deuda por acciones) y
otros inmuebles adjudicados.
Aquí, de nuevo, ganan -es decir,
pierden- las cajas. Con los datos disponibles ya de todas las entidades y
con un mismo criterio -considerar los inmuebles por su importe bruto
original, antes de reconocimiento de pérdidas, saneamientos y
provisiones-, las cajas acumulan 41.500 millones en inmuebles, frente a
los 20.000 millones de los bancos analizados. El problema se concentra
de nuevo, desproporcionadamente, en las cajas que han tomado parte en
procesos de integración.
Lo que da más miedo de esos inmuebles es
el suelo entregado por los promotores. Los edificios terminados se
pueden alquilar o vender con cierta facilidad aplicando descuentos; lo
mismo ocurre con las viviendas embargadas a particulares, y la cifra de
edificios en construcción es baja en comparación con el resto. El gran
problema puede radicar en los más de 28.000 millones en terrenos y
solares, parte de ellos ni siquiera urbanizables, que acumulan los
bancos y cajas en sus balances. Aunque la situación varía según de qué
terrenos se trate, el suelo es en general un activo muy poco líquido,
enormemente depreciado y para el que no hay mercado apenas en las
circunstancias actuales.
Es por esa razón por la que el Banco de
España exige mayores provisiones por el suelo que por el resto de los
activos inmobiliarios.
La entidad con más suelo en su balance es
Banco Financiero y de Ahorros, la entidad que sirve de vehículo al
sistema institucional de protección (SIP) formado por Caja Madrid,
Bancaja y otras cinco cajas. Caja Madrid ya era por sí sola una entidad
con un gran nivel de riesgo inmobiliario, pero se ha unido con Bancaja,
en la que el peso de los inmuebles adjudicados era aún mayor. El
resultado es que la nueva entidad se ha convertido en la mayor
inmobiliaria de España por activos con más de 11.000 millones de euros
(importe bruto original), de los que más de 5.000 millones corresponden a
suelo, una cifra superior también a la de cualquier inmobiliaria.
Pero
los inmuebles adjudicados no son los únicos activos problemáticos. A
ellos hay que sumar los créditos dudosos y subestándar. Entre las cajas
de ahorros, los créditos problemáticos suman 57.000 millones por 25.000
millones de los bancos analizados, cuando la diferencia en inversión
crediticia es mucho menor. Las cajas tienen más morosidad inmobiliaria, y
eso a pesar de que buena parte de los dudosos de Santander y BBVA son
lo que denominan «dudosos subjetivos», es decir, están clasificados como
tales por su riesgo pese a estar al corriente de pago de sus
obligaciones.
La suma de inmuebles, de créditos dudosos y
subestándar se traduce en que las cajas tienen unos 98.400 millones en
activos potencialmente problemáticos frente a los 45.000 millones de los
bancos analizados. Más revelador que la cifra absoluta es la
proporción. Los activos tóxicos inmobiliarios de las cajas de ahorros
representan el 13,8% de su inversión crediticia en España, mientras que
en el caso de los bancos la cifra es del 7%. Esa enorme brecha es el
resultado de la combinación de todos los factores anteriores: mayor
exposición al crédito inmobiliario, mayores tasas de morosidad y de
créditos subestándar y mayor proporción de inmuebles en el balance.
Cuando
se analiza el dato de modo relativo al tamaño de cada entidad, se
muestra que las más afectadas por el problema del ladrillo son Caja3,
Unnim y CatalunyaCaixa, con Caja España-Caja Duero y Novacaixagalicia un
peldaño por debajo. En términos absolutos es Caja Madrid Bancaja la
entidad con más activos problemáticos (26.160 millones), pero en
proporción a su tamaño está algo mejor que las citadas.
Tanto para
Caja Madrid, como para CatalunyaCaixa, Unnim, Novacaixagalicia o Caja
España-Caja Duero, el problema adicional es que en la actualidad se
sitúan por debajo del 8% de capital básico que exige el Gobierno como
mínimo de solvencia a los bancos y más lejos aún del 9%-10% que se
exigirá a las cajas que no coticen ni tengan una presencia significativa
de inversores privados en su capital y además tengan dependencia para
su financiación de los mercados mayoristas. Casi todas esas cajas
necesitarán convertirse en bancos y captar capital. Si pueden, será
privado (saliendo a Bolsa o incorporando socios de referencia). Si no,
será el Gobierno el que les inyecte capital en una suerte de
nacionalización parcial y temporal.
Las cajas que no han
participado en grandes procesos de integración sino que han seguido
independientes están relativamente a resguardo del riesgo inmobiliario y
con unas ratios de capital relativamente cómodas. La Caixa, además, ya
ha anunciado que planea captar 1.500 millones adicionales a través de su
red en bonos convertibles de la ya cotizada Criteria, que pasará ser
CaixaBank y a absorber el negocio financiero de la entidad. Eso elevará
su capital básico al 10,9%, según La Caixa.
En cuanto a los
bancos, no se libran de los problemas, pero su situación es mucho mejor
que la de las cajas. El primero de la clase es Bankinter, con un mínimo
riesgo inmobiliario. Eso es lo que permitía a la entidad sostener que no
necesitaba un coeficiente de capital más alto, pero, paradójicamente,
ahora es el que necesita reforzar su solvencia para cumplir con la
futura normativa. El Popular es el que tiene mayor exposición
inmobiliaria y el Sabadell el que sufre una mayor proporción de activos
problemáticos. En un punto intermedio entre estos dos y Bankinter están
el Santander y el BBVA, con cifras algo mejores para este último.
En
lo que sí están mejor las cajas es en su cobertura. Los procesos de
reestructuración y de integración y el dinero público recibido han
permitido a las cajas de ahorros dotar provisiones con cargo a fondos
propios (es decir, sin incluirlas en la cuenta de resultados) por unos
26.000 millones de euros. Así, las cajas tienen unas coberturas de sus
activos problemáticos que se sitúan en torno al 30%, frente al 26% de
los bancos, y además han reconstituido sus provisiones genéricas, que
cubren el conjunto de los riesgos y no solo el inmobiliario. Con todo,
incluso al tomar solo en cuenta el riesgo no cubierto, la conclusión
sigue siendo la misma: el ladrillo pesa más en las cajas.
¿Y qué pasa con la banca extranjera?
Entre las entidades que han publicado ya sus datos de exposición
inmobiliaria están todas las cajas de ahorros y los cinco principales
grupos bancarios. De aquellas que participaron en las pruebas de
resistencia europeas publicadas el pasado verano, solo faltan el Banco
Pastor, que publicará sus resultados la semana entrante, y la Banca
March, una entidad no cotizada, pero sobre la que no hay ni rastro de
duda, pues es la más capitalizada de todo el sistema financiero español.
La
cifra de 143.000 millones en activos problemáticos de las entidades se
queda lejos de los 180.800 millones que publicó el Banco de España con
datos de junio pasado. Pero son dos cosas diferentes. En aquel caso, se
tomaba en consideración todo el crédito al sector de construcción y
promoción en función de la clasificación nacional de actividades
económicas (CNAE) y ahora lo que se analiza es la finalidad, la
financiación destinada a la construcción y promoción inmobiliaria. Se
trataba pues, de una cartera de crédito mayor y eso explica una parte de
la diferencia. Otra parte viene de las cooperativas de crédito, que
pueden llegar a representar hasta un 10% del total. El Banco de España
incluía, además, unos 5.000 millones en créditos ya declarados fallidos,
que no se han tenido en cuenta en este análisis porque no todas las
entidades han facilitdo sus datos y porque, de alguna manera, son ya
agua pasada y están totalmente provisionados en los balances. Pero
además, faltan los datos de los bancos citados (Pastor y March), de
algunos otros pequeños y sobre todo, de los bancos españoles que son
filiales de extranjeros, con Barclays y el Deutsche Bank a la cabeza.
Esas entidades no están obligadas a hacer públicos sus datos, al menos
por ahora, pero algunas fuentes indican que tienen también una fuerte
exposición inmobiliaria. Sería muy interesante compararlas con las
cajas.
MIGUEL JIMÉNEZ