La
Federación de Servicios Financieros y Administrativos de Comisiones
Obreras (COMFIA) considera Inaceptable
e Injustificada, la
decisión adoptada por los Directores Gerentes de algunas Mutuas de
Accidentes, entidades privadas colaboradoras de la Seguridad Social,
de dejar de aplicar el
Convenio Colectivo Sectorial a sus trabajadores y trabajadoras,
reclamándoles, además, las cantidades percibidas correspondientes a
las tablas salariales de 2010.
El
Ordenamiento Jurídico Español obliga a las partes que suscriben un
Convenio Colectivo a cumplir con lo estipulado en el mismo. La única
excepción a esta regla es que una norma, con rango de Ley,
contradiga lo negociado, impidiendo su cumplimiento al imperar el
principio de jerarquía normativa.
Nada
de esto ocurre en el sector de las Mutuas, pues la Ley de
Presupuestos de 2011 solo establece que las retribuciones de 2011 no
podrán superar las percibidas durante 2010, eliminando cualquier
relación entre el personal de las Mutuas, trabajadores de empresas
privadas sometidos al Estatuto de los Trabajadores y el personal del
sector público estatal.
Esta
desvinculación no es fruto de la casualidad sino de la voluntad de
los representantes de los ciudadanos expresada en el Parlamento pues,
los trabajadores de las Mutuas, que no tienen garantizado el empleo
fijo, en contraposición con los funcionarios públicos, están
padeciendo la reducción de
sus salarios en un 5% desde 2010 y, con esta decisión de las Mutuas,
perderán casi un 10% de poder adquisitivo.
Más
de 2000 personas han perdido su empleo en este sector desde el
comienzo de la crisis y esta nueva agresión a sus derechos no va
contribuir a generar confianza ni a dinamizar la economía de las
familias.
Y
no se trata de que las Mutuas sean empresas en situación de
pérdidas, recordemos que, según datos del Ministerio de Trabajo, en
el año 2010, las Mutuas han aportado al sistema público más de 435
millones de Euros (206 millones al Fondo de Reserva de la Seguridad
Social y 228 al Fondo de Prevención y Rehabilitación). Este último
mantiene un saldo acumulado de más de 4.650 millones de Euros.
Tampoco
los Directores Gerentes de estas Entidades tienen problemas para
llegar a fin de mes. Lo que le cuesta al dinero público el salario
de cada uno de ellos oscila entre los 102.000.-€ y los 245.000.-€
al año, mientras que ahora han decidido meter la mano en el bolsillo
de sus trabajadores.