Salamanca 24 horas.–
Trabajadores de empresas cerradas hace dos años todavía no han cobrado
del Fondo de Garantía Salarial. CCOO y UGT denuncian que la
externalización de servicios propuesta por el Ministerio para paliar
esta realidad está agravando el atasco existente
La Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO) se
movilizarán el 13 de febrero frente ante las unidades administrativas
del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) y las delegaciones de gobierno
en defensa de los derechos de los trabajadores. La misión fundamental de
este organismo es el abono a los trabajadores y trabajadoras por cuenta
ajena de parte de los créditos salariales e indemnizaciones pendientes
de pago, por declaración de insolvencia o concurso de acreedores. Sin
embargo, se encuentra en una situación de bloqueo. Los expedientes han
aumentado significativamente durante la crisis, existiendo en la
actualidad más de 180.000 expedientes sin resolver más allá del plazo
legal de tres meses que marca el Reglamento del Fogasa llegando al
retraso en la resolución de las prestaciones a casi dos años en algunos
casos.
«La situación de los trabajadores afectados es insostenible y
dramática. El organismo no está respondiendo a la finalidad para la que
ha sido creado, el Ministerio no resuelve el problema y la
externalización de la gestión del servicio a la empresa Tragsatec,
todavía ha agravado más la situación: sus trabajadores no gestionan los
expedientes, no dan información, y no se les da formación alguna para
ello, sin que exista ninguna actuación que permita normalizar el cobro
de la prestación a favor de los solicitantes», explican los
sindicatos. UGT y CCOO han presentado un Plan alternativo cuyas medidas
no han sido tenidas en cuenta para alcanzar una solución global y
definitiva que permita, en un plazo razonable, alcanzar unos niveles de
gestión adecuados.
«La plantilla del Fogasa, sus condiciones laborales, y el número de
empleados son completamente inadecuados, y no se están cubriendo los
puestos de trabajo vacantes, y la saturación es tal, que ni se comparece
en los procedimientos judiciales, laborales y concursales, ni se
contesta a los emplazamientos en los mismos», concluyen.