Ningún alto cargo de la Junta ni de los
ayuntamientos, diputaciones o entidades que dependan de estas
instituciones podrán estar en los consejos de las cajas o en sus
comisiones ejecutivas. Tampoco podrán estar empresarios con intereses en las entidades. Eso sí, el Ejecutivo les da un plazo de
6 meses para que se adapten a la normativa que entraría en vigor mañana
y deja para la semana que viene la aprobación de la fusión
España-Duero.
Ningún alto cargo de la Junta ni de los
ayuntamientos, diputaciones o entidades que dependan de estas
instituciones podrán estar en los consejos de las cajas o en sus
comisiones ejecutivas. Tampoco podrán estar empresarios con intereses en las entidades. Eso sí, el Ejecutivo les da un plazo de
6 meses para que se adapten a la normativa que entraría en vigor mañana
y deja para la semana que viene la aprobación de la fusión
España-Duero.
El decreto refuerza las mayorías necesarias para
que una asamblea autorice una fusión, una integracion o un SIP que
pasan de dos tercios a cuatro tercios. Esto entra en vigor este viernes y
afecta a las asambleas que Caja de Ávila y Caja Segovia van a
celebrar el próximo 14 de septiembre.
En el caso de Caja de
Ávila, la postura en contra del PSOE y de los sindicatos podría ser
ahora suficiente para que la fusión con Caja Madrid no salga adelante 55
días después de la aprobación en Consejo de Ministros de la Ley de
Cajas, el Ejecutivo Regional adapta su texto a la normativa nacional y
lo hace endureciendo de forma significativa las incompatibilidades para
ocupar un sillón en los consejos y comisiones ejecutivas de las
entidades. Había que buscar una mayor profesionalización y el principio se aplica a rajatabla. Se rebaja la presencia de cargos políticos del 50 al 40%,
algo que afectará sobre todo a los ayuntamientos. Reducirán su peso a
favor de los impositores y las entidades representantes de intereses
colectivos.
Tampoco podrá presidir una caja ni formar parte
de sus órganos de gobierno un empresario con intereses en la entidad lo
que deja fuera de la futura presidencia de la fusionada Caja España-Caja
Duero caja a Santos Llamas, que tiene una deuda con Caja España de 80 millones de euros. Sí podrá serlo durante los
próximos dos años porque el decreto autoriza en el tiempo de transición
de 24 meses aprobado en la fusión.
El texto da de plazo tres meses a las entidades para modificar sus estatutos. Un mes más en el que el Gobierno Regional comprobaría esa adecuación y después dos meses más para renovar sus órganos de gobierno. En total seis meses.
Quien
se siente en las cajas tendrá que acreditar al menos cinco años de
funciones de alta administración, dirección, control o asesoramiento de
entidades financieras.
Leticia Sánchez / rtvcyl