Una mujer de 37 años de Sevilla, que había demandado a la empresa donde ocupaba el puesto de subdirectora después de que, tras quedarse embarazada de su segunda hija y estar los nueve meses de baja laboral al complicarse la gestación, fue relegada tras su incorporación a otro puesto, ha sido finalmente indemnizada con 22.000 euros y su posterior despido se ha declarado improcedente.
Según dijo a Europa Press la propia demandante, el Juzgado de lo Social número 10 de Sevilla iba a ver su caso pero las partes alcanzaron finalmente un acuerdo previo al juicio. La demandante había calificado la decisión de la empresa de «humillante» y «discriminatoria como mujer y como madre» ya que lo único que hacía tras su incorporación era «coger el teléfono durante ocho horas» y «apuntar las citas de mi nuevo jefe en su agenda» en labores «ni siquiera de secretaria».
Paloma Husillos, residente en Montequinto (Dos Hermanas, Sevilla), se reconoció una mujer trabajadora, madre de dos niñas, que llevaba doce años prestando servicio, en calidad de subdirectora, de la mercantil Cesta Inmobiliaria, empresa participada de El Monte y Caja de Ahorros de Huelva y Sevilla.
Comentó la «indignación y desesperación» que sufría y la «denigrante situación laboral» que padecía, recordando que en agosto de 2002 se quedó embarazada de su segunda hija, indicando al respecto que resultó ser «un embarazo complicado» que la obligó a estar «los nueve meses de reposo por prescripción médica» y, por consiguiente, de baja laboral.
CONCERTABA CITAS Después se incorporó de nuevo al trabajo y se quedó «sorprendida» cuando le comunicaron que ya no tenía que seguir desempeñando las funciones propias de la subdirección de la empresa sino que, por el contrario, quedaba «relegada» bajo las órdenes de uno de los comerciales, que ahora pasaba a ser su jefe directo, y que se tenía que limitar a «atender el teléfono y concertarle sus citas».
Tras pedir «explicaciones» de los motivos por los cuales se tomó dicha decisión «sin preaviso y sin ningún tipo de consulta», la «única» respuesta que recibió por parte del director es que «todas las funciones que tú desarrollabas, las voy a desempeñar ahora yo porque si no yo qué hago», según recordó, a lo que le añadió que «todo va seguir como está decidido y nada va a cambiar».
Ante tal actitud, esta mujer decidió iniciar acciones legales contra la empresa «con el interés y la única finalidad que se me reintegrara en mis funciones de subdirección», poniéndose paralelamente en contacto con el sindicato mayoritario del comité de empresa de la Caja de Ahorros El Monte pero sigue «sin resultados».
Asimismo, contactó con una asociación de mujeres discriminadas que existe en dicha Caja. En primer lugar, según dijo Husillos, una representante «me dejó claro su íntima amistad» con el consejero delegado de la empresa, aunque le comentó que tendría una entrevista «para dar solución al tema».
Pasados unos días, le dijeron que no podían hacer nada porque era una «decisión de un directivo de la empresa y, al ser ésta una empresa participada, dicha asociación no podía tomar cartas en el asunto», una decisión que calificó de «lamentable» y «bastante precaria y humillante».
Concluía Husillos que «a las mujeres aún nos queda mucho camino que recorrer para llegar a una auténtica igualdad en el trabajo, sin ser discriminadas por ser madre y tener un embarazo complicado», denunciando que aunque los políticos «se les llene la boca de paridad en los órganos de decisión, de igualdad, etc.», la realidad «enseña que no todo es tan bonito como lo pintan».