My New Site

Blog

  • El Gobierno quiere evitar que los convenios anticipen la jubilación

    Acepta que las empresas puedan pactar la retirada de los trabajadores, pero nunca antes de los 65 años y siempre que sea para crear empleo. El Ejecutivo pretende que esa sea la edad real de jubilación de los trabajadores.

    El Gobierno ha puesto dos condiciones, fundamentalmente, para permitir que las empresas puedan pactar en sus convenios la jubilación “forzosa” de los trabajadores y “por razones que afecten al sector”. La primera es que, en ningún caso, los acuerdos laborales autoricen el retiro de los empleados antes de los 65 años, y que esta medida se adopte como forma de crear empleo; es decir, con la sustitución de los empleados de mayor edad por jóvenes que ingresen en la empresa.

    El Ejecutivo respondió ayer así a la situación creada en la negociación colectiva por la histórica sentencia del Tribunal Supremo, del pasado marzo, adelantada por EXPANSIÓN. En el fallo, el alto tribunal prohibió que los convenios obligasen a los trabajadores a jubilarse a determinada edad.

    En síntesis, el voto mayoritario de la sentencia hizo hincapié en que la reforma laboral de 2001, con el Gobierno del PP, suprimió la autorización a los convenios para pactar una edad de jubilación.

    Por lo tanto, ante la falta de una regulación específica prevalece el derecho fundamental de que todos los ciudadanos son iguales ante la ley, sin discriminación alguna por cualquier circunstancia. Por último, la sentencia resaltó que, de acuerdo con la Carta Magna, el Estatuto de los Trabajadores también declara nulas y sin efecto las cláusulas de los convenios que contengan discriminaciones por razones de edad. Por esta razón, el secretario general de Empleo, Valeriano Gómez, dijo que la reforma se hará “sin perjuicio de los derechos individuales” del trabajador.

    Convenios paralizados

    La primera consecuencia de la sentencia fue la paralización de unos 600 convenios en toda España, según dijo ayer Toni Ferrer, secretario de Acción Institucional de UGT. La razón es que el fallo del Supremo también afecta a la negociación de los convenios que terminaban su vigencia después de abril de 2001, cuando entró en vigor la reforma laboral. En segundo lugar, la decisión del alto tribunal ha hecho que el ministerio de Trabajo suspenda la inscripción de todos los acuerdos que contenían esta cláusula de jubilación obligatoria de los trabajadores a partir de determinada edad.

    Por todas estas razones, y para evitar el “empantanamiento” de la negociación colectiva, el Ejecutivo decidió abrir ayer con esta cuestión el diálogo social con la patronal y los sindicatos. Además, y por los mismos motivos, la devolución de esta potestad sobre la jubilación de los trabajadores es una de las cuestiones del diálogo social en la que es más fácil el acuerdo entre la patronal y los sindicatos. De hecho, con la reunión de ayer el Ejecutivo responde a una solicitud que la patronal y los sindicatos le hicieron al respecto antes de las vacaciones.

    Ahora bien, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, dejó claro que el Ejecutivo quiere “incentivar la prolongación de la vida laboral para que haya carreras más largas de cotización -contribución- a la Seguridad Social”. En este camino, Caldera defendió la necesidad de que la jubilación real en España sea como mínimo a los 65 años, que es la edad legal para hacerlo con todos los derechos, y no a los 62,5.

    Esta es la consecuencia de los procesos de prejubilaciones -desde los 52 hasta los 61 años- y de jubilación anticipadas -entre los 61 y los 64 años- que han llevado a cabo las empresas desde la década de los años ochenta para rejuvenecer y reducir plantillas. En declaraciones a Radio Nacional, aseguró que el Gobierno llegará en los cambios de la edad de jubilación “hasta donde haya consenso social”.

    El Ejecutivo abordó también con la patronal y los sindicatos el traslado a la legislación española de la directiva de la UE sobre los derechos de los trabajadores en las empresas que tienen centros de trabajo en varios países comunitarios.

    Los sindicatos CCOO y UGT consideran vital el traslado a la legislación española de esta directiva y este reglamento, que recoge la representación de los trabajadores en los Consejos de Administración de estas compañías. La norma también obliga a las empresas a proporcionar mayor información a los sindicatos sobre la gestión. La patronal CEOE confió en la posibilidad de llegar a un acuerdo sobre todos estos aspectos “a muy corto plazo”.

    Expansion, 08/09/04

  • Los convenios colectivos podrán fijar la edad de jubilación forzosa

    Los convenios colectivos podrán fijar la edad de jubilación forzosa a una edad diferente a los 65 años actuales. Ésta es una de las principales cuestiones que abordarán hoy Gobierno, patronal y sindicatos en el proceso de concertación social que se reanuda formalmente en tres mesas de negociación.

    Patronal y sindicatos podrán pactar la jubilación a través de la negociación colectiva con una edad diferente a la oficial fijada en 65 años. El objetivo es que los interlocutores sociales puedan pactar políticas de rejuvenecimiento de plantillas fijando una salida forzosa por debajo de la edad oficial.

    Éste será uno de los principales temas que se negociarán hoy en el marco de la concertación social, que se reanuda entre Gobierno, patronal y sindicatos. Los agentes sociales decidieron abrir tres mesas de negociación para abordar las cuestiones más urgentes del mercado laboral.

    La sentencia del Tribunal Constitucional prohibiendo a los convenios colectivos fijar la jubilación de los trabajadores a una edad distinta de los 65 años ha forzado a patronal y sindicatos a negociar un cambio de la normativa. Por esta razón, el equipo del ministro de Trabajo, Jesús Caldera, presentará a los agentes sociales un borrador sobre el reglamento que desarrolla la ley de empleo. Se trata de un problema que afecta a 1,2 millones de trabajadores que habían pactado con sus empresas llevar a cabo procesos de prejubilación, pero que han quedado paralizados ante el vacío jurídico que ha provocado la sentencia.

    La nueva normativa tendrá que ser compatible con otras leyes como la de la Seguridad Social, de forma que los procesos de prejubilación no dañen la recaudación del sistema público. Además, el adelantamiento forzoso de la edad de jubilación solo se podrá realizar cuando haya causas que lo justifiquen.

    La segunda mesa de trabajo de los agentes sociales abordará la extensión del ámbito de aplicación de los convenios colectivos. Es decir, que los sectores o empresas que no tengan convenio podrán solicitar a una comisión tripartita la aplicación de otros convenios de sectores o empresas afines. Con esta medida se pretende ampliar el ámbito de la negociación colectiva a todos los trabajadores, sobre todo a los de las pequeñas empresas, muchos de los cuales no tienen convenio, por lo que los sindicatos consideran que tienen mayores dificultades que los trabajadores de las grandes corporaciones para defender sus derechos laborales.

    La tercera mesa de negociación abordará la trasposición a la normativa española de la directiva comunitaria sobre sociedades anónimas europeas. Se trata de una norma que permite la creación de sociedades de carácter europeo y en las que se prevé la participación de los trabajadores en sus consejos de administración. Aunque esta directiva recoge una serie de ventajas para las empresas que se quieran acoger a ella, la patronal ha mostrado su oposición a la participación de los sindicatos en los consejos de administración. La CEOE considera que esta representación puede convertirse en una desventaja para las empresas. La normativa comunitaria indica el plazo máximo para su trasposición en octubre, aunque no podrá realizarse hasta el año que viene dado que el gobierno del PP no había abordado su adaptación, según fuentes ministeriales.

    El buen clima de entendimiento que existe en la concertación social hace prever que los interlocutores sociales prorrogarán el acuerdo interconfederal sobre negociación colectiva para el ejercicio 2005. Este pacto, firmado hace dos años, trata de garantizar la moderación salarial fijando incrementos entre el 2% y el 3%. A cambio se introduce una cláusula salarial que garantiza el poder adquisitivo de los salarios.

    Aunque se trata de un acuerdo bilateral entre patronal y sindicatos y, por tanto, está fuera del proceso de concertación social, ambas negociaciones se llevarán a cabo en paralelo. Los dirigentes sindicales reconocen que en la medida en que las reformas laborales vayan avanzado con consenso se facilitará el acuerdo sobre moderación salarial.

    Otra cuestión urgente que será abordada por los agentes sociales son los presupuestos generales del Estado para el 2005. Concretamente el 13 de septiembre se reunirá la mesa de la Seguridad Social, donde se abordarán entre otras cuestiones el futuro del superávit que tendrá el sistema público de pensiones este año y que según los primeros cálculos podría superar los 6.000 millones de euros. Esto representa en torno al 0,7% del PIB. En principio, este dinero se destinará a fortalecer el fondo de reserva y mejorar las pensiones más bajas.

    La Vanguardia, 07/07/04

  • Segunda vuelta de prejubilaciones en BBVA

    CC.OO. hemos mantenido nuestra posición favorable a que el Banco de España autorice prejubilaciones con cargo a reservas. Para la nueva campaña de prejubilaciones del Banco, CC.OO. reclama que el criterio preferente sea la edad.

    Ver documento completo

  • La gran estafa del canon anti piratería

    Empresas y trabajadores de Nuevas Tecnologías, potenciales afectados

    ¡MANOS ARRIBA! La Sociedad General de Autores impone una subida indiscriminada de 50 céntimos sobre los cds vírgenes sin tener en cuenta sus distintos usos

    Por Ricardo Aguilera, El Mundo/ Suplemento de La Luna 233

    EL QUE GRABA, PAGA.

    A partir del pasado uno de septiembre, todo el que compre un CD-R estará pagando un canon en concepto de derechos de autor. Cuatro empresas de gestión de derechos de la Propiedad Intelectual (SGAE, AIE, AISGE y EGEDA) han llegado a un acuerdo en este sentido con ASIMELEC (Asociación Multisectorial de Empresas españolas de Electrónica y Comunicaciones). Así, los recolectores de derechos han pactado con los fabricantes e importadores de CD-R para que este formato pague derechos de copia privada, en el mismo sentido que antes los pagaban las cintas de casete o vídeo, al amparo de la Ley de Propiedad Intelectual de 1987. Hasta aquí todo suena muy serio y muy legalista, pero la realidad es que con este asunto se ha armado el taco… y lo que nos queda.

    El problema con este canon que grava los CD-R tiene muchas caras. Para empezar, todos somos refractarios a pagar nuevos impuestos por cosas que antes estaban libres de ellos. Pero lo peor es el agravio comparativo. Los CD-R son soportes multifuncionales, que lo mismo sirven para grabar una película o un DVD, que las fotos del pasado verano, hacer duplicados de los archivos del ordenador o intercambiar programas informáticos. Una vez que el canon afecta a todos los CD-R que se vendan, la polémica está servida y aliñada con fuertes dosis de picante.

    Desde muchas asociaciones de internautas se ha tocado a rebato en contra del citado canon. Ya hay dos movimientos serios en contra de la nueva tarifa: No Al Canon y Sin Canon , ambos con página en la red. Especialmente beligerantes son los linuxeros, pues este impuesto torpedea directamente la línea de flotación de su ideario, que promueve el código abierto, el intercambio de programas freeware o shareware y la ausencia de derechos de propiedad en su entorno informático. Pero no son sólo ellos, pues casi todas las huestes de internautas mantienen que es un escándalo que se pretenda cobrar derechos por unos soportes que pueden tener usos no susceptibles de pagar ningún gravamen.

    LAS CIFRAS CANTAN.

    Para entender mejor de qué hablamos, veamos los números. El acuerdo al que se ha llegado supone que cada hora de CD-R susceptible de albergar grabación musical debe pagar 0,13 euros: menos que en Francia (0,26 euros) y más que en Holanda (0,10 euros). Según los estudios de mercado encargados por la SGAE, el 74% de los CD-R que se compran se destinan a la grabación de música. ¿Qué hacer entonces con ese 26% de usuarios que no graba pero sí paga? Según María Jesús Raudona (Jefa de Recaudación de Copia Privada de la SGAE), «el porcentaje de gente que no usa los CD-R como soporte para grabar música está contemplado en la tarifa, ya que no la hemos aplicado al cien por cien, sino reducida en ese porcentaje. La tarifa de audio son 0,35 euros por hora de grabación, y sobre esa se ha descontado el porcentaje estimado de gente que no usa los CD-R para grabar música. No lo hemos podido hacer de otra manera, porque en el momento de la compra, ¿cómo se va a discriminar quién va a usarlo para grabar música y quién no?». Abundando en esta tesis, Fernando Neira, Delegado de Comunicación de la SGAE, explica: «Es buscar la cuadratura del círculo. Todos, por nuestra condición de ciudadanos, pagamos cosas que en ocasiones no utilizamos. Si uno lleva a sus hijos a la educación privada, de todas maneras está permitiendo con sus impuestos que su vecino lleve a sus hijos a la educación pública».

    Una vez que está claro que van a pagar justos por pecadores, empiezan las cuestiones realmente espinosas. Veamos. ¿Qué sucede si alguien se baja un mp3 de internet, pagando su cuota de derechos de autor, y decide grabarlo en un CD-R? Que paga dos veces. ¿Qué pasa si al comprar un disco recién publicado y querer hacer una copia en CD-R, sucede que el disco venía protegido con un sistema anti-copia? Pues que se ha pagado el canon del CD-R en balde.

    Puestos a imaginar, podemos encontrar muchos más supuestos chocantes. El problema de fondo es que las innovaciones tecnológicas van muy por delante de la legislación, que a duras penas logra seguir su estela. Todo son flecos sueltos con los que no se consigue más que hacer tabla rasa, con el evidente perjuicio para muchos. Y conste que no estamos metiéndonos en el azaroso mundo de la picaresca, de los listos capaces de romper códigos de protección o de bajarse de internet todo tipo de material gratuitamente. Aún siguiendo la ley a pies juntillas, esta más parece un queso gruyer que otra cosa.

    Hablando –oficiosamente, por supuesto– con representantes de las multinacionales del disco, nos aseguran que todo este jaleo les importa un pito, que ellos no publican discos para que la gente los grabe, sino para que los compre. Y que si el usuario ha de pagar canon sobre canon cada vez que quiera escuchar una canción, por ellos estupendo… siempre y cuando se lleven su parte. Se la llevan.

    QUIÉN GANA.

    De la nueva tarifa sobre los CD-R, la mitad va parar a la SGAE, el 25% a la AIE (Asociación de Intérpretes y Ejecutantes) y el otro 25% a Afyve (Asociación Fonográfica y Videográfica Española), o sea, las compañías de discos. Y al final de la cadena, autores, artistas y productores es de esperar cobren algo. El debate sobre los derechos de autor va para largo. Las nuevas tecnologías están aquí para quedarse, y el sistema actual de producción y reparto de beneficios de la industria musical va a saltar por los aires. Es seguro que en el futuro las reglas del juego serán otras, pero nadie sabe cómo van a ser. De momento vamos a tener que disfrutar de una de las reglas de oro del la sociedad de libre mercado: hay que pagar por todo.

    Internautas y artistas contra el canon

    Por M.H.M. / La web antisgae.internautas.org coordina la movilización antiSGAE. La suya ha sido de las primeras voces en alzarse para denunciar una medida calificada por casi todos de injusta e innecesaria. Incluso disponen de lista negra con personalidades (Javier Guruchaga, Ramoncín, El Fary, Hevia, Presuntos Implicados, Mercedes Ferrer, Ketama…) que apoyan esta decisión, aunque les dan la oportunidad de pasarse al bando de los buenos enviando un mail de repulsa.

    Las reacciones se han ido sucediendo. La votación de internautas ofrecía un claro resultado: un aplastante 98% decía no al canon. Desde el interior de la propia SGAE surgen voces discrepantes (y, por supuesto, anónimas), que denuncian a «una empresa que sólo piensa en crecer amparándose en una supuesta buena acción». ¿Y qué más se comenta? «En Amaral, utilizamos CD-R continuamente para guardar todo tipo de ideas. No creemos que se deba pagar más por eso», cuenta Juan, parte masculina del dúo. Shuarma de Elefantes se muestra más tajante. «Es una completa idiotez, un roto para un descosido que no arregla el problema». Guille Mostaza, de Ellos, confiesa que «el 99% de los CDs que compro son para grabar asuntos relativos a mi grupo y nadie me los subvenciona. ¿Tengo que pagar por grabarme a mí mismo?».

  • Boletin de Acción sindical núm 24

    Ver texto completo