La
Federación de Servicios de CCOO se ha dirigido a las y los
europarlamentarios de las comisiones de Empleo y Asuntos Sociales,
Asuntos Jurídicos y de Mercado Interior y Protección al Consumidor,
a la vista de los trabajos en curso del Parlamento Europeo sobre la
propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre
Sociedades Unipersonales de Responsabilidad Limitada (Societas Unius
personae – SUP), para pedirles que rechazen el proyecto que se
encuentra en fase de debate.
En
opinión de CCOO esta propuesta de Directiva SUP podría utilizarse
para facilitar las prácticas abusivas o fraudulentas y generaría
una competencia desleal para las propias empresas. La propuesta está
concebida en teoría para que las PYMEs puedan desarrollar
actividades transnacionales y que les sea más fácil establecer
filiales en el extranjero por medio de condiciones armonizadas,
cuestión que en sí misma no tendría que ser negativa. Sin embargo
nos encontramos con el hecho incuestionalbe de que en general las
PYMEs, sobre todo si son empresarios individuales, desarrolan sus
actividades a nivel local. El valor añadido de la intervención de
la UE para este tipo de empresas es pues muy cuestionable. Más
parece que las normas simplificadas contenidas en el proyecto de
Directiva SUP puedan ser utilizadas por las grandes empresas para
evadir las exigencias legales del Reglamento de la Sociedad Europea.
A ello apunta la separación, inédita hasta el momento en una
sociedad europea, entre la sede administrativa y la sede social, que
supone un claro incentivo para establecer la SUP en lugares en los
que no realice ninguna actividad económica (las conocidas como
?empresas buzón?).
La
dualidad sede administrativa-sede social supone un riesgo grave de
incumplimiento de los derechos de los trabajadores, muy claramente
los de representación, información y consulta en la empresa o la
proliferación de falsos autónomos. El contro de la utoridad
pública, el incumplimiento de las obligaciones fiscales o la
problemática ejecución de sentencias o multas surgen como algo más
que una mera posibilidad.
Además,
la propuesta de Directiva no aborda riesgos como limitar a
mínimos casi inexistentes la responsabilidad de la empresa, que es
lo que supone la en la práctica la inexistencia de un capital
mínimo (pues tal es la exigencia de que sea un 1 ? como mínimo)
en conjunción con la prohibición de exigir reservas. Para CCOO está
claro que consumidores y acreedores (trabajadores incluidos) serían
las víctimas de esta situación.
Ningún
sector queda al margen de éstos riesgos, pero son especialmente
sangrantes en aquellos que utilizan en mayor proporción trabajadores
migrantes o temporales, o en los que la utilización de agencias de
contratación es más frecuente, con el riesgo aumentado de que al
final el trabajador no sepa quién le ha contratado realmente al
final de una cadena de subconratación.
En
definitiva CCOO pide a las y los eruroparlamentarios españoles que
actúen adoptando las medidas precisas dentro de su competencia,
para que la prevención del fraude y el dumping social tomen carta
de naturaleza y por tanto se rechaze la propuesta de Directiva SUP.