Para CCOO y UGT, el texto final, producto de las negociaciones del Gobierno con los grupos conservadores de la cámara, recorta los derechos de los trabajadores, hace más fácil, rápido y barato el despido y amplia el poder empresarial
La votación definitiva en
la Ponencia del Congreso de los Diputados del proyecto de Ley de medidas
urgentes para la reforma del mercado de trabajo se ha hecho sobre un texto que empeora el proyecto de Ley porque se avanza
en la desregulación de derechos laborales, se hace más fácil, rápido y barato
el despido y se aumenta la capacidad de decisión de los empresarios.
En opinión de CCOO y UGT el
texto definitivo, después de las enmiendas pactadas o consentidas entre los grupos parlamentarios conservadores y el
grupo socialista, constituye el mayor ataque a los derechos laborales de los
últimos 30 años y aunque cueste afirmarlo, “este ataque se ha llevado a cabo de
la mano de un gobierno socialista, jaleado para la ocasión por las organizaciones
empresariales”.
Y no es para menos: la
reforma laboral finalmente aprobada en el Congreso de los Diputados, después de
un pacto del PSOE con el PNV, facilita a las empresas la extinción del contrato
por razones económicas, técnicas, organizativas y productivas, haciéndola más
fácil, más rápida y más barata; muestra su ineficacia sobre la contratación
temporal y hace más vulnerable el empleo fijo; dota de mayor poder discrecional
al empresario en perjuicio de la negociación colectiva, derecho fundamental
reconocido en nuestra Constitución como instrumento de ordenación de las
relaciones laborales; legaliza las agencias privadas de colocación con ánimo de
lucro atribuyéndole competencias propias de los Servicios Públicos de Empleo;
ignora la necesidad de cambio de modelo productivo -imprescindible para
enfrentar los problemas reales de la economía y del empleo: impulsar el empleo
de calidad, la formación y la innovación- y apuesta por una competitividad basada en la reducción de los
costes empresariales a costa de la reducción de derechos de los trabajadores.
En definitiva, lo aprobado
hoy en el Congreso con el único voto favorable del PSOE, viene a profundizar
los gravísimos efectos que ha provocado en los derechos de los trabajadores el
Real Decreto Ley 10/2010, y hace más
necesaria si cabe la huelga general convocada por UGT y CCOO para el próximo 29
de septiembre, cuyo principal objetivo debe ser parar esta reforma y volver a
la mesa de negociación para pactar una reforma del mercado de trabajo que priorice
las políticas de empleo y formación destinadas a las personas desempleadas, incentive
el empleo estable, combata la temporalidad y refuerce la función de
intermediación de los Servicios Públicos de Empleo.