La pasada primavera, dentro de la reestructuración que está llevando a cabo el Grupo PRISA, la Dirección de Catsa anunciaba un ERE que suponía el cierre del centro de Madrid para que, según decían, la compañía tuviera continuidad en sus dos centros de Andalucía. Prisa Televisión había decidido llevar parte de la atención al cliente de Digital + a Sudamérica para abaratar costes, lo que repercutía directamente en Catsa, al disminuir los ingresos recibidos de su cliente principal y dueño.
Ante
esta situación, el Comité de Empresa de Catsa-Madrid decidió hacer
un referéndum para preguntar a la plantilla si negociaba o no con la
empresa. El 66% de la plantilla optó por negociar, con lo que se
inició una serie de reuniones que culminaron el 13 de julio con un
acuerdo que contemplaba las indemnizaciones más altas jamás
pactadas en ERE alguno dentro del sector de Contact Center desde su
existencia como tal en todo el territorio español. La plantilla de
Catsa volvió a ser consultada antes de rubricar dicho acuerdo,
siendo esta vez el 88% de los trabajadores los que dieron el visto
bueno.
El
21 de julio, la Dirección General de Trabajo de la Comunidad de
Madrid autorizaba el expediente, y el 31 de agosto la mayoría de los
trabajadores abandonaban la empresa, quedándose en ella unos cien
compañeros a la espera —debido a la naturaleza del acuerdo— de
finalizar su relación el día 24 de octubre.
Sorprendentemente,
a principios de mes de octubre, el Comité de Empresa recibía una
notificación de la Dirección General de Trabajo anunciando la
suspensión cautelar de la ejecución del ERE, debido a que la
Administración no había contestado en el plazo marcado por la ley
al Recurso de Alzada presentado por la Sección Sindical de CGT en
Catsa. CGT ignoraba la decisión de los trabajadores de Catsa
y, aliándose con un error administrativo, forzaba una situación que
podía ser dramática: todos los trabajadores debían reincorporarse
a un centro fantasma medio desmantelado, devolver sus indemnizaciones
y, en el caso de quien lo hubiera encontrado, dejar sus trabajos.
La
Sección Sindical de Comfia-CCOO y sus servicios jurídicos hicieron
una serie de alegaciones que trasladaron al Comité de
Empresa para aprobarlas y remitirlas a la Dirección General de
Trabajo. Asimismo, esta Sección propuso al Comité que se solicitara
a la empresa un permiso retribuido para los compañeros que todavía
permanecen en Catsa hasta que la Dirección General de Trabajo se
pronunciara acerca del Recurso de Alzada de CGT. Entre las
alegaciones destacaba el escrúpulo democrático del Comité de
Empresa de Catsa-Madrid a la hora de abordar el ERE y la
absoluta desvergüenza y falta de principios de CGT,
aceptando sus miembros el permiso retribuido hasta la fecha de
extinción, mientras presentaban un Recurso de Alzada que sólo puede
conseguir hacer daño si es aceptado por la Administración. ¿Qué
quiere CGT, que los trabajadores devuelvan su indemnización y la
prestación por desempleo cobrada? ¿Qué cierren también los
centros de Málaga y Granada? Su sinrazón no tiene límites. Su
desconocimiento de la palabra democracia sólo es superado por la
hipocresía del que denuncia un acuerdo mientras se beneficia de él.
Esta
Sección Sindical ha hecho todo lo que está en sus manos para poner
las cosas en su sitio, respetando siempre lo que decidieron los
trabajadores de Catsa. El 29 de noviembre vence el plazo para que la
Dirección General de Trabajo dé respuesta al Recurso de Alzada
interpuesto por CGT. Esperemos que triunfe la cordura y que los
métodos totalitarios de CGT no salgan venciendo.