Las integraciones de las cajas de ahorro que sean financiadas, a través de la fórmula que sea, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) deberán ser estudiadas y ratificadas por la Unión Europea, que vigilará las ayudas públicas al sector financiero. Por eso los planes de viabilidad y proyectos de fusión de las cajas que se acojan a estos fondos públicos tendrán que estar en las instituciones europeas para ser examinados antes de julio del año que viene.
Las integraciones de las cajas de ahorro que sean financiadas, a
través de la fórmula que sea, a través del Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria (FROB) deberán ser estudiadas y ratificadas por la
Unión Europea, que vigilará las ayudas públicas al sector financiero.
Por eso los planes de viabilidad y proyectos de fusión de las cajas que
se acojan a estos fondos públicos tendrán que estar en las
instituciones europeas para ser examinados antes de julio del año que
viene.
El tiempo está contado. Y las dificultades de las
entidades también. Los analistas financieros están de acuerdo en que el
2010 será el verdadero annus horribilis del sector, e incluso la Ceca ha reconocido que el año que viene habrá entidades que presenten pérdidas.
Ante este panorama, el responsable del Banco de España, Miguel Ángel
Fernández Ordóñez, está poniendo plazos a las operaciones de fusión que
se negocian actualmente en el país. El FROB servirá fundamentalmente
para llevar a cabo una profunda reconversión del mapa de las cajas de
ahorro, y hasta ahora ninguna de ellas ha acudido a los fondos
habilitados para financiar estos procesos y salvar a las entidades en
dificultades. Que no son pocas.
El fondo de rescate pretende
atajar el que el Gobierno ha considerado el principal foco de problemas
del sector financiero español, la dimensión de las cajas actuales y sus
dificultades de solvencia.
En cualquier caso, frente a la
lógica económica el devenir de las cajas de ahorro sigue marcado por la
política. Desde los gobiernos autonómicos, que se resisten con todos
sus argumentos a perder su capacidad de veto sobre las fusiones
interregionales (lo que ha abortado negociaciones entre cajas de
distintas autonomías que hubieran sido más razonables desde el punto de
vista económico); hasta los cargos locales con representación en los
consejos y las asambleas, que tratan de conservar la representatividad
y la capacidad de decidir sobre el destino de los fondos de las
entidades asentadas en su territorio.
Más allá de los eternos
debates sobre la lógica empresarial y profesional que debería regir la
actuación de las cajas de ahorro, de momento y salvo excepciones los
procesos de fusión se están desarrollando entre cajas de las mismas
autonomías. Lo que al menos debería hacer más sencillos los trámites,
cosa que no siempre ocurre. El caso de Castilla y León no es único,
pero es uno de los más acusados en lo que a territorialismos se
refiere.
Las tres cajas de la comunidad en proceso de fusión
han reclamado al Banco de España que «imponga» la fusión para facilitar
la tramitación y el debate en los consejos de administración, y salvar
en lo posible la polémica con los sindicatos sobre los recortes de
personal. Así lo ha hecho el regulador: ya hay plazo final para aprobar
el inicio de la fusión. En lo que no va a entrar el Banco de España, y
así lo ha hecho saber, es en solucionar los líos políticos de cada
caja.
m. J. Muñiz