Los retos y posibilidades del trabajo sindical en el corto y medio plazo, tienen que ver con el objetivo prioritario de mejorar el acceso a una formación profesional de calidad, que cuente con el reconocimiento de las administraciones competentes y que tenga efectos en el ámbito laboral.
Los compromisos asumidos en el Programa de Acción del 8º Congreso
Confederal y en la Declaración para el Dialogo Social de Julio del 2004,
han orientado los objetivos de CC.OO. en la negociación que concluyó
con la firma, en febrero de este año, del Acuerdo Tripartito de Formación
Profesional para Empleo.
CCOO valora, asimismo, que el Acuerdo debía ser coherente con los objetivos
e instrumentos previstos en la Ley 5/02 de las Cualificaciones y la Formación
Profesional, que pretende la mejora del conjunto de la formación profesional.
Entre dichos instrumentos se han regulado ya el Catálogo Nacional de
Cualificaciones y los Centros Integrados de Formación Profesional, y
se encuentran en fase de elaboración los decretos correspondientes a
la ordenación de la formación (títulos y certificados de
profesionalidad).
Entre los compromisos suscritos en el Acuerdo de Formación destacamos:
La integración de la formación ocupacional y de la formación
continua, con el fin de superar la rigidez normativa y la separación
artificial de la formación -se dirija a personas ocupadas o desempleadas-,
separación que dificulta la participación. Dicha integración
debe expresarse en la regulación, mediante una norma estatal, de un único
subsistema de Formación para el Empleo.
La articulación entre la responsabilidad de las distintas administraciones
y la inserción de la formación en la negociación colectiva
sectorial, que se traduce en la participación tripartita y paritaria
en el subsistema de Formación para el Empleo de las organizaciones sindicales
y empresariales más representativas y la administración, tanto
a nivel estatal como autonómico.
Se trata de que las perspectivas sectorial y territorial confluyan para incidir
en una eficaz adaptación de la formación a las distintas necesidades,
mejorando la respuesta a las especificidades territoriales, y vinculando estas
a las tendencias de carácter sectorial.
La existencia de una oferta de formación modular referida al Catálogo
Nacional de Cualificaciones, impartida en centros públicos y homologados
(Centros Integrados especialmente) y acreditada por las administraciones competentes,
incentivará la participación y permitirá acabar con otro
de los grandes déficit de la actual formación, como es la falta
de reconocimiento formal.
Se consolida y mejora el derecho personal a la formación de los trabajadores
a través de distintas fórmulas. Con carácter general la
oferta sectorial no se restringe a los trabajadores y trabajadoras encuadrados
en el sector, facilitando el acceso a cualificaciones de otros sectores, lo
que contribuye a la empleabilidad y pone a disposición del conjunto de
personas activas alternativas para enfrentar situaciones de incertidumbre o
precariedad laboral. Por otra parte, se consolida el Permiso Individual de Formación
y se amplían las posibilidades de solicitud, al incluir bajo su cobertura
la formación modular, observar la asignación de fondos específicos
para estos permisos, entender la participación en formación no
exclusivamente como asistencia, así como requerir a la empresa basar
la negativa a su concesión en causas objetivas.
Se consolidan también los derechos de la Representación Legal
de los Trabajadores, tanto en la formación de demanda (diseñada
por las empresas), como en los Permisos Individuales de Formación.
En cuanto a la mejora de la inversión, el Gobierno asume la necesidad,
a partir de 2007, de una mayor aportación de recursos económicos
que complementen la cuota de Formación Profesional.
En este contexto, los retos y posibilidades del trabajo sindical en el corto
y medio plazo, tienen que ver con el objetivo prioritario de mejorar el acceso
a una formación profesional de calidad, que cuente con el reconocimiento
de las administraciones competentes y que tenga efectos en el ámbito
laboral.
La articulación de los instrumentos definidos en las distintas normas
que afectan a la formación profesional, debe seguir orientando la estrategia
para reforzar el derecho personal a la formación. La propia integración
de los dos subsistemas que propicia el Acuerdo de Formación para el Empleo,
la oferta modular vinculada al Catálogo de Cualificaciones que deben
promover las administraciones educativa y laboral en los Centros Integrados,
la posibilidad de acceder a formación de cualquier sector, el Permiso
Individual de Formación (PIF), son todas ellas iniciativas para facilitar
el ejercicio del derecho a la formación.
Sin embargo, uno de los principales problemas es la falta del reconocimiento
del derecho a la formación durante el tiempo de trabajo, lo que precisa
de apoyos legales, pero sobre todo de un esfuerzo sindical sostenido en la negociación
colectiva.
Retos sindicales
Desde la Confederación Sindical de CC.OO., continuaremos el trabajo
de desarrollo de la Ley 5/02 y articulación de las distintas normativas,
competencia de diferentes administraciones, observando que la adaptación
y ordenación de la formación profesional responda a los objetivos
sindicales (respeto a las cualificaciones definidas en el Catálogo Nacional,
modularización, etc.), exigiendo que los Centros de Referencia Nacional
lideren las propuestas sectoriales en materia de formación, exigiendo
asimismo que la norma que desarrolle el Acuerdo de Formación para el
Empleo respete los compromisos asumidos, difundiendo entre las organizaciones
los derechos reconocidos y los instrumentos que facilitan su ejercicio.
Las organizaciones sectoriales por su parte tienen un importante reto en el
ámbito de la negociación colectiva sectorial y de empresa. Como
en acuerdos anteriores, el alcanzado en febrero viene precedido de un Acuerdo
Bipartito (IV Acuerdo Nacional de Formación). Este contexto fortalece
la capacidad de negociación sectorial sobre planes de formación
que, en todo o en parte, se vinculen a módulos del Catálogo, con
el fin de avanzar en la acreditación. El trabajo sectorial es imprescindible
en la difusión e implantación de los derechos reconocidos a los
trabajadores y trabajadoras en la, y a sus representantes legales(RLT).
En cuanto a las organizaciones territoriales, tienen un importante papel en
el desarrollo de los instrumentos de la Ley Cualificaciones en el ámbito
autonómico, especialmente en lo relativo a la red de Centros Integrados
y su oferta formativa. Hay que avanzar en la vinculación de la oferta
a las necesidades del tejido productivo y a las estrategias de desarrollo. Una
vez publicados los decretos de ordenación de la FP, el reto se encuentra
en la inversión en Centros de FP, la ampliación de plantillas
y formación del profesorado, en definitiva con la diversificación
e incremento de la oferta de acciones de formación que cuenten con acreditación,
único camino para hacer efectivo el derecho a la formación permanente.
Nuestra participación en distintos órganos con competencia en
formación profesional, así como nuestra presencia en las empresas
debe permitirnos seguir avanzando en la mejora del derecho a la formación
profesional, para lo que quizá haya que invertir el orden de prioridades,
fortaleciendo el trabajo sindical y reduciendo la preocupación por la
responsabilidad derivada de la ejecución de la formación.
Gregorio Marchán
Secretario confederal de Formación para el e