Categoría: Formacion

Un lector desprevenido que haya ojeado estas últimas semanas los periódicos de Madrid habrá creído que durante dos décadas ha existido una corrupta red sindical destinada a quedarse con los dineros de la formación. Esa red, liderada por la UGT, haría cosas tan malvadas como impartir cursos de “Corte y cata de jamón serrano” para trabajadores de hostelería o de “Arreglos florales” para los de comercio; ofertarlos gratuitamente a través de sus propios centros de formación acreditados y dedicar a su preparación, difusión, evaluación y gestión un 19% del presupuesto de los planes de formación, a pesar de que, en 2011, estaba permitido facturar un 20% por ese concepto.

02-12-2013 – Como tapadera, esos sindicalistas habrían constituido la Fundación Tripartita, en cuyo patronato están presentes, junto a CCOO y UGT, la Confederación Intersindical Galega, CEOE, CEPYME y el Gobierno, con voto de calidad. Y logrado, mediante una perversa creación llamada negociación colectiva, que más de cien organizaciones empresariales –de ASAJA a CONFEMETAL y de la CNC a la CECAP– firmaran Acuerdos Sectoriales de Formación y constituyeran “Comisiones Paritarias” para analizar las necesidades de cualificación de su ámbito. Es más, en el colmo de la audacia, la red habría conseguido que esas mismas patronales y otras entidades, solicitaran y recibieran subvenciones por un importe superior al que los propios sindicatos recibían.

Si el mismo lector, desocupado, hubiera consultado la normativa, los presupuestos y los beneficiarios de la formación para el empleo, advertiría que esos medios de comunicacióndesconocen o evitan mencionar algunos datos que no encajan con la tesis de la trama sindical.

Para empezar, exageran enormemente el importe de las subvenciones que reciben CCOO y UGT para hacer formación y, al mismo tiempo, ocultan que muchas otras organizaciones y empresas también las reciben; de esa manera se quiere trasladar al público la idea de que los fondos de formación son un chiringuito sindical. Pero no es así. En 2012, CCOO gestionó el 3,06% y UGT 3,18% del presupuesto de la Tripartita, que ascendía a 742 millones de euros, mientras que por ejemplo los centros de formación privados, obtuvieron un 6%, las organizaciones de economía social (COCETA, CONFESAL…) y las de autónomos (ATA, CEAT, etc.) un 2% y CEOE, CEPYME y otras patronales un 7%.

Las tres cuartas partes de los fondos, algo más de 570 millones de euros, las reciben directamente las empresas a través de bonificaciones en sus cotizaciones a la Seguridad Social. A diferencia de las organizaciones sindicales y empresariales, las empresas, para financiar sus cursos, no necesitan obtener la aprobación de planes de formación, ni incluir en ellos un alto porcentaje de colectivos desfavorecidos y acciones prioritarias, ni comunicar la lista de alumnos antes de iniciar cada acción formativa, para facilitar el trabajo de los verificadores, ni siquiera necesitan presentar facturas para justificar los costes en que incurren (sólo se piden a una muestra aleatoria de ellas).

La web de la Fundación Tripartita no proporciona el listado de empresas bonificadas, aunque sí datos estadísticos que demuestran su espectacular aumento. En menos de diez años, han pasado de 33.181 a 459.620. Incluso la Escuela de Periodismo y Comunicación de Unidad Editorial, propietaria de El Mundo, un periódico tradicionalmente muy crítico con la formación para el empleo, ofrece “Cursos de desarrollo profesional” que pueden financiarse a través de esta iniciativa aunque, como su precio supera los 80 euros por hora y alumno, la bonificación de las empresas no alcance para cubrir todos los costes.

Tampoco suele mencionarse que el presupuesto de la formación para el empleo no procede de los impuestos, sino de una cuota que para ese fin acordaron pagar los empresarios y los trabajadores. El Gobierno no aporta ningún recurso complementario; antes bien, utiliza parte de esos ingresos, que según el Tribunal Constitucional solo deben destinarse al “mantenimiento, a lo largo de la vida laboral, de las aptitudes y cualificaciones profesionales en su día alcanzadas y que capacitaron para acceder al puesto de trabajo”, a la financiación de otras actividades, como la intermediación laboral, el impulso del emprendimiento o las bonificaciones a la contratación. Por tanto, no se trata, como sugiere alguna prensa, de que los sindicatos se estén quedando con un dinero público que podría tener usos alternativos, sino de lo contrario, ya que de no ser por esa cuota no podría financiarse la formación de los empleados públicos, que en buena parte no cotizan por ese concepto, la de los autónomos, que tampoco lo hacen, y bastantes de las medidas de los Planes Anuales de Política de Empleo. 

Además, en los últimos dos años, coincidiendo con el estancamiento de la concertación social, la inversión total en este capítulo ha descendido de manera notable.

Con todo, la legitimación de los sindicatos para intervenir en formación no hay que buscarla en que los cursos se paguen con la cuota de formación profesional que aportan sus afiliados y representados, sino en que hacen un bien al sistema. La literatura académica enseña que la participación de los representantes de los trabajadores aumenta la inversión empresarial en cualificación y procura un reparto más equitativo de las oportunidades de aprendizaje. Los políticos europeos piensan lo mismo y en toda la Unión, salvo Letonia, existen acuerdos bipartitos o tripartitos en esta materia y no es infrecuente que los agentes sociales gestionen directamente los fondos (Bélgica, Francia, Holanda) ni que los sindicatos dispongan de grandes centros de enseñanza (la Confederación de Sindicatos Alemanes, DGB).

Por último, no se dan datos sobre las características de las personas que participan en los cursos y, por consiguiente, parece que los recursos económicos adjudicados a los sindicatos no generan ningún servicio ni se exige por ellos ninguna contrapartida o justificación. Esta suerte de “deshumanización” de la formación delata el escaso interés de esos diarios por su impacto en las trayectorias personales y profesionales de los trabajadores. Tal vez sea útil saber, por ejemplo, que según la memoria de la Fundación Tripartita, nueve de cada diez alumnos consideraba, en el año 2010, que había ampliado conocimientos para progresar en su carrera profesional gracias a acciones formativas impulsadas por los agentes sociales, o que casi la mitad de los alumnos de IFES, el centro de formación de UGT, eran personas ocupadas no cualificadas, las más sensibles a los procesos de reconversión y las más reacias a “volver a la escuela”. 

Entiendo que ciertos periódicos y revistas se sientan más confortables relatando presuntas corrupciones que mencionando estadísticas e informes. Es obvio, por otra parte, que se debe investigar a fondo cualquier presunto fraude, lo cometa un sindicato, una patronal, una academia privada o una congregación religiosa. Sin embargo, no creo que nada de eso justifique la impúdica presunción de culpabilidad que se aplica estos días a cualquier asunto relacionado con la UGT.

Corren tiempos difíciles para la formación. El Gobierno la utiliza como coartada para abaratar el coste de la mano de obra joven, aumentando los supuestos contractuales en los que la precariedad laboral se disfraza de aprendizaje. Ciertos medios la utilizan para deteriorar la imagen de sindicatos y conseguir que lo que ahora es un derecho, se convierta en una mercancía. Hay quien cree que lo hacen por ideología, yo creo que lo hacen solo por dinero.

Infolibre.(Yolanda Ponce) – Un lector desprevenido que haya ojeado estas últimas semanas los periódicos de Madrid habrá creído que durante dos décadas ha existido una corrupta red sindical destinada a quedarse con los dineros de la formación. Esa red, liderada por la UGT, haría cosas tan malvadas como impartir cursos de “Corte y cata de jamón serrano” para trabajadores de hostelería o de “Arreglos florales” para los de comercio; ofertarlos gratuitamente a través de sus propios centros de formación acreditados y dedicar a su preparación, difusión, evaluación y gestión un 19% del presupuesto de los planes de formación, a pesar de que, en 2011, estaba permitido facturar un 20% por ese concepto.

Como tapadera, esos sindicalistas habrían constituido la Fundación Tripartita, en cuyo patronato están presentes, junto a CCOO y UGT, la Confederación Intersindical Galega, CEOE, CEPYME y el Gobierno, con voto de calidad. Y logrado, mediante una perversa creación llamada negociación colectiva, que más de cien organizaciones empresariales –de ASAJA a CONFEMETAL y de la CNC a la CECAP– firmaran Acuerdos Sectoriales de Formación y constituyeran “Comisiones Paritarias” para analizar las necesidades de cualificación de su ámbito. Es más, en el colmo de la audacia, la red habría conseguido que esas mismas patronales y otras entidades, solicitaran y recibieran subvenciones por un importe superior al que los propios sindicatos recibían.

Si el mismo lector, desocupado, hubiera consultado la normativa, los presupuestos y los beneficiarios de la formación para el empleo, advertiría que esos medios de comunicación desconocen o evitan mencionar algunos datos que no encajan con la tesis de la trama sindical.

Para empezar, exageran enormemente el importe de las subvenciones que reciben CCOO y UGT para hacer formación y, al mismo tiempo, ocultan que muchas otras organizaciones y empresas también las reciben; de esa manera se quiere trasladar al público la idea de que los fondos de formación son un chiringuito sindical. Pero no es así. En 2012, CCOO gestionó el 3,06% y UGT 3,18% del presupuesto de la Tripartita, que ascendía a 742 millones de euros, mientras que por ejemplo los centros de formación privados, obtuvieron un 6%, las organizaciones de economía social (COCETA, CONFESAL…) y las de autónomos (ATA, CEAT, etc.) un 2% y CEOE, CEPYME y otras patronales un 7%.

Las tres cuartas partes de los fondos, algo más de 570 millones de euros, las reciben directamente las empresas a través de bonificaciones en sus cotizaciones a la Seguridad Social. A diferencia de las organizaciones sindicales y empresariales, las empresas, para financiar sus cursos, no necesitan obtener la aprobación de planes de formación, ni incluir en ellos un alto porcentaje de colectivos desfavorecidos y acciones prioritarias, ni comunicar la lista de alumnos antes de iniciar cada acción formativa, para facilitar el trabajo de los verificadores, ni siquiera necesitan presentar facturas para justificar los costes en que incurren (sólo se piden a una muestra aleatoria de ellas).

La web de la Fundación Tripartita no proporciona el listado de empresas bonificadas, aunque sí datos estadísticos que demuestran su espectacular aumento. En menos de diez años, han pasado de 33.181 a 459.620. Incluso la Escuela de Periodismo y Comunicación de Unidad Editorial, propietaria de El Mundo, un periódico tradicionalmente muy crítico con la formación para el empleo, ofrece “Cursos de desarrollo profesional” que pueden financiarse a través de esta iniciativa aunque, como su precio supera los 80 euros por hora y alumno, la bonificación de las empresas no alcance para cubrir todos los costes.

Tampoco suele mencionarse que el presupuesto de la formación para el empleo no procede de los impuestos, sino de una cuota que para ese fin acordaron pagar los empresarios y los trabajadores. El Gobierno no aporta ningún recurso complementario; antes bien, utiliza parte de esos ingresos, que según el Tribunal Constitucional solo deben destinarse al “mantenimiento, a lo largo de la vida laboral, de las aptitudes y cualificaciones profesionales en su día alcanzadas y que capacitaron para acceder al puesto de trabajo”, a la financiación de otras actividades, como la intermediación laboral, el impulso del emprendimiento o las bonificaciones a la contratación. Por tanto, no se trata, como sugiere alguna prensa, de que los sindicatos se estén quedando con un dinero público que podría tener usos alternativos, sino de lo contrario, ya que de no ser por esa cuota no podría financiarse la formación de los empleados públicos, que en buena parte no cotizan por ese concepto, la de los autónomos, que tampoco lo hacen, y bastantes de las medidas de los Planes Anuales de Política de Empleo. 

Además, en los últimos dos años, coincidiendo con el estancamiento de la concertación social, la inversión total en este capítulo ha descendido de manera notable.

Con todo, la legitimación de los sindicatos para intervenir en formación no hay que buscarla en que los cursos se paguen con la cuota de formación profesional que aportan sus afiliados y representados,sino en que hacen un bien al sistema. La literatura académica enseña que la participación de los representantes de los trabajadores aumenta la inversión empresarial en cualificación y procura un reparto más equitativo de las oportunidades de aprendizaje. Los políticos europeos piensan lo mismo y en toda la Unión, salvo Letonia, existen acuerdos bipartitos o tripartitos en esta materia y no es infrecuente que los agentes sociales gestionen directamente los fondos (Bélgica, Francia, Holanda) ni que los sindicatos dispongan de grandes centros de enseñanza (la Confederación de Sindicatos Alemanes, DGB).

Por último, no se dan datos sobre las características de las personas que participan en los cursos y, por consiguiente, parece que los recursos económicos adjudicados a los sindicatos no generan ningún servicio ni se exige por ellos ninguna contrapartida o justificación. Esta suerte de “deshumanización” de la formación delata el escaso interés de esos diarios por su impacto en las trayectorias personales y profesionales de los trabajadores. Tal vez sea útil saber, por ejemplo, que según la memoria de la Fundación Tripartita, nueve de cada diez alumnos consideraba, en el año 2010, que había ampliado conocimientos para progresar en su carrera profesional gracias a acciones formativas impulsadas por los agentes sociales, o que casi la mitad de los alumnos de IFES, el centro de formación de UGT, eran personas ocupadas no cualificadas, las más sensibles a los procesos de reconversión y las más reacias a “volver a la escuela”. 

Entiendo que ciertos periódicos y revistas se sientan más confortables relatando presuntas corrupciones que mencionando estadísticas e informes. Es obvio, por otra parte, que se debe investigar a fondo cualquier presunto fraude, lo cometa un sindicato, una patronal, una academia privada o una congregación religiosa. Sin embargo, no creo que nada de eso justifique la impúdica presunción de culpabilidad que se aplica estos días a cualquier asunto relacionado con la UGT.

Corren tiempos difíciles para la formación. El Gobierno la utiliza como coartada para abaratar el coste de la mano de obra joven, aumentando los supuestos contractuales en los que la precariedad laboral se disfraza de aprendizaje. Ciertos medios la utilizan para deteriorar la imagen de sindicatos y conseguir que lo que ahora es un derecho, se convierta en una mercancía. Hay quien cree que lo hacen por ideología, yo creo que lo hacen solo por dinero.______________________________________
Yolanda Ponce es socióloga y coordinadora de la Asistencia Técnica de CCOO en la Fundación Tripartita